Diario  publico.es   08/02/2009

Letrados y educadores sociales denuncian que los menores no tienen manera de hacer llegar sus denuncias fuera de los centros de acogida y que la Administración les dificulta el trabajo

SUSANA HIDALGO - MADRID - 08/02/2009 08:00

Joaquín Olmedo es un abogado de Cádiz especializado en menores que una y otra vez se encuentra con trabas por parte de la Administración y de los centros de acogida para realizar su trabajo. Ahora mismo, está llevando el caso de un chaval cuya familia quiere sacarle de un centro de acogida de Cádiz y no hay manera de que se pueda comunicar con él. "La dirección del centro no me deja hablar con él, no me dan información", se queja Olmedo, que agrega que la Administración, en este caso la andaluza, es "poco transparente" y "reacia" a entregar documentación.

No es el único letrado que encuentra dificultades a la hora de realizar su trabajo, según consta en el informe del Defensor del Pueblo y corroboran varios profesionales. El informe del Defensor se refiere a centros donde están acogidos niños con problemas de conducta, pero abogados que trabajan en centros de reforma (donde están los menores infractores) también ponen de manifiesto las trabas que encuentran. Por ejemplo, Janet Ortiz, abogada de oficio, lleva el caso de una supuesta agresión por parte de un vigilante a un niño en el reformatorio El Pinar I (Madrid). "He llamado a la dirección del centro y me dicen que no me preocupe, que no ha sido nada, que el chaval sólo tiene un hematoma", explica, perpleja, Ortiz.

Otro trabajador social del mismo centro de reforma afirma que los menores, como previamente han cometido un delito, siempre van a ser tratados como delincuentes. "Si un técnico de seguridad les pega, la dirección siempre va a dar la razón al vigilante", afirma.

Además, los letrados señalan que el principal problema ya no es sólo que ellos no pueden trabajar con toda la información, sino que los chicos no tienen manera de hacer llegar su denuncia a alguien fuera de un centro de acogida.

"Estás loco"

"Si un crío es agredido por alguien del centro y pide un abogado, los responsables le dicen que ni hablar, que si está loco...", afirma Manuel (nombre ficticio), trabajador social en un centro de acogida de Madrid. Esta versión la corrobora el abogado Joaquín Olmedo: "En los centros de protección, el principal problema que hay es la indefensión de los propios chicos, cómo trasladan fuera la denuncia", se pregunta. Estos niños, al contrario de los que están en un reformatorio, no tienen un abogado de oficio al que poder llamar en caso de necesidad porque no han cometido ningún delito. Así que, si les pasa algo, tienen que tener la suerte de que algún educador quiera apoyarles y trasladar la queja al exterior. "Si se hace, tiene que ser con cuidado porque corremos el riesgo de perder el empleo", señala una educadora social que prefiere permanecer en el anonimato.

El informe del Defensor del Pueblo señala que cada comunidad autónoma tiene su propia normativa a la hora de configurar los derechos del menor a defenderse. En Andalucía, por ejemplo, la teoría dice que los chicos "siempre tienen la posibilidad de hacer valer o reclamar sus derechos, debiendo recibir una contestación expresa a sus reclamaciones".

El reglamento de Castilla-La Mancha señala que "de cualquier queja formulada en el centro por los menores se da traslado a la Delegación de Bienestar Social". Y el de Madrid afirma: "Los menores, para reclamar sus derechos, podrán dirigirse al director del centro o solicitar ser oídos ante la Comisión de Tutela del Menor. En cualquier caso los menores siempre pueden dirigirse al Ministerio Fiscal".

En la práctica

Todo esto ocurre en la teoría. En la práctica, el Defensor del Pueblo detectó durante su investigación que los niños tenían muchas dificultades cuando querían plantear una queja. Por ejemplo, en Casa Joven Juan Carlos I de Guadalajara, gestionado por la Fundación O Belén, los chicos entrevistados por el Defensor denunciaron que no les dejan formular reclamaciones por escrito, ni denunciar a sus abogados alguna contención (reducción en el suelo de manera violenta) realizada.

Pero si los niños no pueden denunciar, los fiscales, con sus inspecciones, son los que tienen que controlar las irregularidades en los centros. Sin embargo, el Defensor del Pueblo asegura que las inspecciones son "escasas" e insta a que se faciliten los cauces adecuados que permitan a los menores poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que atenten contra sus derechos, y al Ministerio a que "extreme su vigilancia" sobre los chicos.