Polémica

La Administración se desentiende de los centros de menores, según varios expertos

Denuncian la «privatización» de la red de atención, que recibe hasta 250 euros diarios por cada interno

Fuente: Diario lavozdegalicia.es       

Autor :Ivannia Salazar

Fecha de publicación: 05/02/2009

«Estos centros son parte de la industria del maltrato y del desamparo». Con estas palabras, José Luis Calvo, portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña, describió ayer, en una conversación con La Voz, los centros de protección de menores con problemas de conducta. «No benefician en nada a los niños: sufren agresiones, no reciben tratamiento adecuado y no tienen información sobre sus derechos», afirmó.

Esta asociación inició en noviembre del 2007 la campaña «Hay que cerrar los centros de menores», una iniciativa apoyada por otras asociaciones. «El informe del Defensor del Pueblo confirma lo que venimos diciendo desde hace tiempo», explicó su portavoz.

Calvo fue contundente al señalar la raíz del problema: «La falta de control por parte de la Administración, la desidia ante lo que pasa ahí dentro y los fallos en el servicio de inspección que tienen que velar por las buenas condiciones de los menores y de las instalaciones».

La denuncia de Calvo va aún más lejos y señala que «la Administración está desbordada e incapacitada porque no sabe que hacer con los menores bajo su tutela, por eso descansa en los técnicos privados». Según Calvo, la necesidad de no abrumar a los responsables políticos ha producido un aumento significativo de «uno de los grandes males» de todo este asunto: «El 75% de estos centros terapéuticos está en manos privadas, son negocios de oenegés y fundaciones que hacen lo que quieren, y que promueven que las estancias de los niños se alarguen porque están cobrando por cada uno de ellos». Según el informe, por cada menor las Administraciones pagan entre 80 y 250 euros al día.

El silencio de las comunidades autónomas lo confirma también un educador, despedido junto a otros compañeros de uno de estos centros cuando empezó a opinar sobre los «métodos educativos», y que pidió mantener el anonimato: «En los dos años que estuve ahí, nunca recibimos a un inspector».

Exigir que se cierren

Este educador, que pertenece al Colectivo No O?Belén (grupo opositor a una de las fundaciones que gestiona algunos centros) hace un llamamiento urgente: «Tenemos que exigir que se cierren, esto responde a un diseño político y económico del que las administraciones son cómplices».

Ambos denunciantes aseguran que la Administración «sabe perfectamente» lo que está pasandopasa, «pero lo oculta, porque donde hay dinero, todos sabemos lo que pasa», dijo el educador. Calvo afirma que «este asunto tan grave se solapa mucho más que cualquier otra irregularidad, se trata de mantener un silencio de los corderos, por eso censuran la investigación externa, porque detrás hay intereses privados». Y explicó que en su asociación tienen «denuncias que hemos transmitido a las comunidades autónomas, pero se niegan a investigarlas y a reconocer la realidad», sostuvo. Para ambos está claro que los más perjudicados son los menores, quienes en lugar de recibir la ayuda que necesitan para superar sus problemas, son metidos «en un cajón de sastre para que no molesten».

La Voz contactó con las Administraciones de tres comunidades con centros incluidos en el informe, pero informaron que por el momento no harán declaraciones.