En abril de 2008, el BOE hacía pública la adjudicación del contrato de seguridad de dos centros de acogida (destinados principalmente a menores extranjeros no acompañados) a la empresa Levantina de Seguridad. Esto supone que más de 300.000 euros irán a parar a la empresa de José Luis Roberto, el conocido líder del partido de ultraderecha España 2000. Es otro ejemplo de lo que denuncian las asociaciones de defensa de los derechos de los niños, a saber, que empresas privadas han encontrado en la gestión de centros de menores (sean de acogida, de protección o de reforma), “un gran pastel a repartir”.

Así se expresa José Luis Calvo, de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), que considera que el sistema de protección se ha convertido en una industria, que “recoge la herencia de orfanatos y hospicios de antaño, regentados por la caridad de entidades religiosas o municipales y diputaciones, donde cada cual hacía de su capa un sayo”. Se ha convertido pues, en un negocio híbrido en el que se mezclan proclamas de índole caritativa con la lógica del mercado.

Algo que no era el objetivo de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Ley Orgánica 5/2000), según el testimonio del fiscal Félix Pantoja, uno de sus redactores: “La idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad”.

Como indica el informe del Defensor del Pueblo Centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, en el momento de elaboración del mismo “41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros [terapéuticos] existentes”. Otro dato que prueba la dinámica de privatización es que, según el mismo informe, aproximadamente el 80% de estos centros se han puesto en marcha en los últimos diez años. El grupo para Menores de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa) se lamenta, en un documento reciente, de que en la atención a menores “no parece que exista una voluntad política de tener un sistema de protección y apoyo a las niñas y niños dentro de la Comunidad más allá de los mínimos legales exigidos”. Así, junto a la omisión por parte de los Gobiernos autonómicos, responsables a partir de la Ley 5/2000 de la gestión de la protección de menores, se produce una “caza” de las adjudicaciones de centros de protección y de reforma. Como señala José Luis Calvo: “Hay entidades que, en principio defienden la igualdad y han abierto centros de menores y reforma. Otras se dedican a cuidar a personas con discapacidad o a la cooperación internacional y ahora gestionan centros de menores. Las administraciones autonómicas, por haberse visto desbordadas, han aceptado cualquier solicitud sin tener en cuenta requisitos mínimos imprescindibles, ni la profesionalidad y especialización del personal. Todo ello ha derivado en una mala calidad del servicio que ha sido detectada por el Defensor del Pueblo”.

Sin ánimo de lucro

Calvo explica que estas fundaciones y ONG funcionan a modo de subcontratas, y denuncia la complicidad de las administraciones: “Por poner un ejemplo, la Junta de Andalucía informó al Defensor del Pueblo de la existencia de un servicio de inspección a cada centro una vez al año, pero se calla, claro, que dicha inspección suele advertirse con 15 días de antelación con el propósito de facilitar a la respectiva ONG o fundación que todo esté en orden. Y en esas inspecciones no se requiere diálogo o conversación alguna con los niños y niñas, es decir, no se les pregunta”.

Para Asapa, la lógica empresarial en este campo es equiparable a la privatización de la educación o de la sanidad. A la falta de control por parte de los gobiernos autonómicos se unen conceptos del mundo de la empresa “como el de mercancía, contrata, cliente, productividad, rentabilidad, etc.”. Según Calvo, estas asociaciones funcionan por medio de órganos de gobierno desproporcionados “con numerosos cargos directivos (presidente, vicepresidente, directores generales,...). Y de ahí salen los sueldos de sus directivos, sus coches oficiales, sus comidas, sus encuentros, etc.”.

Según el informe del Defensor del Pueblo, como media, las administraciones abonan 3.810,30 euros al mes por la atención a los menores. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de sus “obras sociales”, que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público por parte de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio. Calvo señala que, además, algunas de ellas –es el caso de Grupo Norte– pertenecen a grupos empresariales que cuentan con servicios de seguridad o catering “que lógicamente se llevan la adjudicación de dichos servicios”.

Negro futuro

La mayoría de los cuidadores, denuncia Prodeni, son elegidos por su fortaleza física o “por su mal carácter”, para contener a los adolescentes.

El informe del Defensor del Pueblo también ha puesto el acento sobre las malas condiciones laborales al asegurar que una de las características del personal educativo es su alto índice de rotación: “Además consideran que sus sueldos no se corresponden en absoluto con el trabajo realizado, y son excesivamente bajos (800 euros de media), y por último se lamentan del hándicap que supone para ellos la práctica inexistencia de una formación continua”. Asapa denuncia la realización de turnos ilegales en los centros de Aragón de hasta 52 horas seguidas.

Los menores, por su parte, quedan prácticamente abocados a una espiral que transita por el fracaso escolar y que, como señala el informe de la asociación aragonesa, refuerza “las vías de paso” del centro de protección al reformatorio y de ahí a la prisión. A este respecto, su informe subraya la semejanza (“es, literalmente, una réplica a escala”) entre el centro de reforma de Juslibol y la cárcel de Zuera.

En las circunstancias actuales, concluye el portavoz de Prodeni, el “sistema de protección es un factor importante de riesgo para buena parte de sus niños tutelados. Es un riesgo en sí mismo”.