La fiscal coordinadora de Menores de Valencia, al igual que la policía, conoce que muchos de los menores han sido traídos por sus padres, con visado de turista, dejados en España porque la situación de desprotección les permitirá conseguir en nueve meses el permiso de residencia, paso previo para solicitar el reagrupamiento familiar. "Entran en una comisaría y dicen que han llegado aquí en los bajos de un camión, cuando los agentes están viendo que su indumentaria no es de una persona que haya hecho tal travesía, pero no puedes hacer nada". Gisbert, que constató que en efecto el centro de recepción de Monteolivete tiene más menores que camas -está preparado para acoger entre 58 y 60, y tenía ayer 74- y hay decenas de ellos que duermen en colchones en el suelo.

"Me preocupa esa situación, por supuesto, pero me preocupa más aún el hecho de que esos menores estén ahí meses, cuando la ley establece un máximo de 45 días, que no se les derive a ningún otro recurso y que sean mayoritariamente extranjeros, porque en realidad se está creando un gueto", afirmó.

Teresa Gisbert defendió ayer una implicación de la Administración para resolver el problema. En la Comunidad Valenciana, hay hasta 88 centros, entre públicos y privados sujetos a convenios. Entre los públicos están los de Buñol y El Cabañal, a donde en teoría deberían ir la mayoría de los menores de en Monteolivete. Pero en esos dos emplazamientos también hay saturación y también se está produciendo un fenómeno de concentración de población extranjera. "Esa concentración es perjudicial para todos, no favorece la integración", dijo Gisbert. La fiscal entiende que debe haber una voluntad política real.