Soledad Gallego-Díaz 2 NOV 2014


 

Una de las peores consecuencias de la interminable lista de casos de corrupción es que no se puede hablar de otra cosa, excepción hecha, tal vez, de Cataluña. Hipnotizados entre la impotencia y la atracción que ejercen las espectaculares llamadas a la “regeneración”, estamos paralizados, quizás a la espera de unas elecciones en las que poder decir algo. Pero hay cosas que no pueden esperar. Cosas de las que tenemos que hablar urgentemente, porque responden a necesidades ineludibles que, si no se corrigen rápido, tendrán consecuencias muy graves en nuestro futuro.

Necesitamos un debate serio sobre la corrupción, por supuesto, lo necesitamos por razones políticas, para infundir un cierto grado de confianza y autoestima en la sociedad y para que se implanten normas sociales y controles administrativos que detecten las redes de corrupción y los comportamientos inmorales de los dirigentes políticos y que obliguen a actuar en consecuencia, en el plano político y judicial. Pero necesitamos todavía con mayor urgencia un debate sobre los niveles de pobreza infantil a que hemos llegado y sobre sus terribles consecuencias.

La debilidad del debate público español es inquietante. Falta seriedad y precisión, exigencia en el debate parlamentario, incapaz de satisfacer ninguno de los elementos que estableció en su día el Índice de Calidad del Debate Democrático (el llamado DQI, siglas en inglés de Discourse Quality Index): elevado número de interlocutores, ausencia de discursos ofensivos, más amplia y mejor argumentación, mayor disponibilidad para el compromiso. La debilidad del debate es tan grande que las propias autoridades no comprenden a veces el auténtico alcance de algunos de los problemas que afrontan. ¿Cómo es posible que en el Parlamento español, de 395 iniciativas en lo que va de legislatura, solo dos hayan estado directamente relacionadas con la pobreza infantil y que las dos hayan sido rechazadas?

Estamos hablando de que España es el país con mayor pobreza infantil de Europa, detrás de Grecia y Letonia, y que la tendencia no mejora. Hablamos de que la protección de los niños en España es ínfima, peor que la que obtienen los mayores de 65 años. De que los países de nuestro entorno, al margen de matices ideológicos, no han dudado un minuto en desplegar instrumentos para combatir esa feroz desigualdad. En el Reino Unido, por ejemplo, el Gobierno conservador se somete, periódica y voluntariamente, a un riguroso examen parlamentario para saber qué se ha logrado en esa lucha y qué hay que seguir mejorando.

Sin ese debate riguroso, la sociedad no comprende bien la realidad que le rodea, no puede sopesar sus prioridades. Es esa falta de debate lo que explica que en este país la pobreza infantil haya alcanzado un volumen descomunal sin que se haya convertido en un tema de conversación obligado, tanto como la corrupción.

La fundación porCausa, que combina investigación social, análisis de datos y periodismo de investigación, lleva tiempo denunciando que las instituciones públicas españolas están fracasando a la hora de atajar este deterioro y de revertir la situación. En su último informe advierte de que incluso los menos interesados en la pobreza infantil deberían estar aterrados por sus consecuencias. El hecho de que las responsabilidades en este campo estén atomizadas entre diferentes protagonistas, estatal, autonómico, local, hace que esos mismos protagonistas no tengan suficientes datos para calibrar la magnitud del desastre.

Pero es un desastre. Los últimos estudios de Unicef, Oxfam o Cáritas demuestran que la pobreza infantil aumenta y que la actual política de subsidios e impuestos que desarrolla el Gobierno no está ayudando a reducir el problema, sino que lo aumenta. La estrategia del PP, según la cual la mejor manera de luchar contra esa pobreza es recuperar los índices de empleo, no da resultados, primero porque la recuperación es muy lenta. Y segundo, porque el empleo es de tan mala calidad que no permite escapar de la pobreza. PorCausa y otras organizaciones especializadas en la infancia están pidiendo presión directa de los ciudadanos para que obliguen a las autoridades a afrontar la gravedad de la situación. ¿Una marea azul celeste?