PRODENI
|
Rechazo al uso de los inhibidores de deseo sexual con pederastas Varias asociaciones se posicionan contra la propuesta de dicho tratamiento realizada por Bermejo EL CORREO GALLEGO. ES 07/06/2008 El vicepresidente de Prodeni, una asociación que defiende los derechos de la infancia, José Luis Calvo, consideró ayer "inapropiadas" las manifestaciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acerca de que los inhibidores sexuales para pederastas "pueden ser útiles" y las atribuyó a "un lapsus mental" o a "un viraje del Gobierno, que tendrá que explicar". José Luis Calvo dijo que Bermejo "debería aclararlo" con el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, y decir "lo que quieren proponer al respecto". "Lo que ha dicho suena a chiste, porque no tiene sentido ninguno; no tiene nada que ver con lo que se estaba planteando, y rompe la línea de prudencia que mantenía el Gobierno", añadió. Cree que es una solución "de cara a la galería, pero con muy poca efectividad". Manifestó que para llevarla a cabo hay que contar con la voluntariedad del agresor, y advirtió de que la medida "no tiene garantías", porque "un violador en serie castrado puede no tener deseo sexual, pero puede no quedar eliminada la pulsión de agredir a la víctima". El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, vio "más razonable" probar medidas reeducativas y de reinserción con los pederastas antes de aplicar inhibidores del deseo sexual. Aseguró que el ministro "no va a apostar por introducir medidas de trazo grueso si ve que existen otras que perjudican menos los derechos fundamentales y son igualmente eficientes". El portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, consideró "imposible" que se imponga a los pederastas los inhibidores del deseo sexual, porque "atacaría la dignidad y la propia libertad de la persona". El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, manifestó que la aplicación de inhibidores de deseo sexual para pederastas únicamente se puede hacer si hay consentimiento del afectado, e insistió en que además es necesaria una reforma del Código Penal para ello. |