La Iglesia en España se resiste a revisar
los casos de abusos sexuales del pasado. A diferencia de lo que está
ocurriendo en otros países, como Alemania o Francia, la cúpula de la
Iglesia española no ha encargado ni ha elaborado ningún informe ni creado
ninguna comisión para investigar los abusos sexuales de sacerdotes a
menores en las últimas décadas. El papa Francisco ha convocado en febrero
a las conferencias episcopales de todo el mundo para tratar el caso de los
abusos sexuales a menores en la Iglesia.
Conferencia Episcopal, diócesis, órdenes y congregaciones religiosas
consultadas por EL PAÍS aseguran que no tienen previsto recabar
información sobre los casos de pederastia que han conocido o instruido en
las últimas décadas. Solo la Compañía de Jesús se aparta de este criterio.
Los obispos de Francia, después de haberse reunido con algunas víctimas,
acordaron el pasado 7 de noviembre crear una comisión independienteformada
por historiadores, jueces, expertos en educación infantil, sociólogos y
canonistas para investigar los casos de abusos sexuales a menores desde
1950. Antes de dos años, según el compromiso adquirido, harán público un
informe con las conclusiones de dichos trabajos.
La iglesia alemana ya hizo ese trabajo y entregará al
papa Francisco un
documento en el que detallan los 3.677 casos de abusos infantiles
registrados desde 1947.
En España, la Conferencia Episcopal se niega de momento
a revisar su pasado y encargar una investigación sobre los casos
registrados en las últimas décadas. EL PAÍS ha preguntado en varias
ocasiones a la cúpula eclesiástica española si iba a recabar información
para elaborar un estudio similar al de Alemania. Esta fue su respuesta:
“Se seguirán las indicaciones marco del directorio de la Santa Sede, como
se indica en la nota de prensa del 16 de octubre de 2018”. En esa nota
solo se alude a la creación de una comisión reservada “que tendrá, en
primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico”, encargada de
“actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia y redactar una nueva
normativa para la prevención y protección de abusos sexuales de menores”.
Entre los expertos que integran esa comisión no se
encuentra ninguna víctima ni ningún experto sobre abusos sexuales a
menores. El anuncio de la Conferencia Episcopal llegó después de que este
periódico publicará que la Iglesia española ha silenciado durante décadas
los casos de pederastia que ha conocido o juzgado en sus tribunales
eclesiásticos.
En España, con 23.000 parroquias y 18.000 sacerdotes en
la actualidad, tan solo ha sido posible conocer los abusos sexuales en la
Iglesia a través de las denuncias que algunas víctimas presentaron ante
las autoridades civiles.
En los últimos 30 años hay registradas al menos 33 condenas a sacerdotes en
causas abiertas por abusos a menores de edad con penas que van desde una
simple multa económica a 21 años de prisión.
200 denuncias
En el último mes, EL PAÍS ha recibido más de 200 correos
electrónicos con el relato de supuestas víctimas sobre los abusos que
sufrieron a manos de curas o religiosos.
La inmensa mayoría de estas denuncias hacían referencia
a casos de abusos registrados en colegios religiosos dependientes de las
principales congregaciones y órdenes religiosas que existen en España. Las
historias recibidas datan desde los años cuarenta hasta los noventa.
Transparencia contra la pederastia
La Conferencia Episcopal parece dispuesta a incorporar
en sus protocolos de actuación ante los abusos sexuales a menores la
obligatoriedad de informar al fiscal de las denuncias que conozcan.
Hasta ahora, solo se indicaba que los obispos debían invitar o
recomendar a las víctimas o a sus tutores que acudieran a denunciar
los hechos a la fiscalía. A partir de ahora, la Conferencia Episcopal
está dispuesta a plantear en sus protocolos que los obispos deberán
obligatoriamente informar a la fiscalía sobre las denuncias que
reciban.
La mayor parte de estos delitos, en el caso de haberse
producido, ya habrían prescrito y muchos de los sacerdotes acusados han
fallecido. En España el tiempo de prescripción por abusos sexuales a
menores es de 15 años después de que la víctima haya cumplido la mayoría
de edad. El Gobierno ha anunciado una reforma legal para que estos delitos
no prescriban nunca.
Pese a la llamada del Papa a una cumbre en Roma para
tratar sobre la pederastia en la Iglesia, las autoridades españolas se
resisten de momento a encargar un informe sobre la magnitud del problema o
a elaborar un estudio conjunto —como se ha hecho en Irlanda— con una
comisión de investigación independiente que esclarezca estos hechos,
reconozca a las víctimas y repare el daño causado.
Consultadas 10 de las principales órdenes,
congregaciones y movimientos religiosos en España, la inmensa mayoría
tampoco tiene previsto hacer un recuento de los casos que han conocido o
tramitado en las últimas décadas. Solo los jesuitas, una de las
principales órdenes en España y en el mundo, aseguran que están recabando
información para hacer ese trabajo: “Somos los primeros interesados no
solo en velar por el futuro , sino en clarificar el pasado y, si es el
caso, ayudar a reparar el sufrimiento de las víctimas que pudiera haber.
Por eso, nuestra intención es ir recabando información, y en este momento
estamos viendo cuál es la mejor manera de hacerlo. Lo que hagamos con
dicha información, una vez que la tengamos, será siempre lo que veamos más
adecuado para las víctimas”.
La congregación de los Legionarios de Cristo ha
explicado a EL PAÍS que recabar información sobre los casos de pederastia
es una tarea que tienen “pendiente” y “encima de la mesa” junto con otros
temas a tratar en un futuro.
“No tenemos constancia de casos ni vamos a hacer ningún
estudio”, explican desde Hermanos La Salle. Esta orden ha subrayado que no
disponen de datos que señalen casos de pederastia en el pasado, solo de
los últimos años, como el del religioso Pedro Ramos del colegio Maravillas
de Madrid, que la semana pasada fue condenado a 130 años de cárcel.
“Ninguna directriz”
Desde la Confederación Española de Religiosos (CONFER)
explican que no han trasladado a las órdenes y congregaciones ninguna
directriz o consigna para realizar dichas investigaciones y que si algunas
lo están haciendo “es porque ven que es algo que hay que hacer”.
El resto de ordenes consultadas no contestaron a la
pregunta sobre si iban a realizar o tenían prevista una investigación
interna sobre los casos de pederastia que han conocido o instruido en sus
tribunales eclesiásticos en las últimas décadas.
En cuanto a la actualización de los protocolos que está
llevando a cabo la comisión reservada de la Conferencia Episcopal
Española, la CONFER ha matizado que la nueva norma estará destinada a las
diócesis —existen 70 en España— y no para las congregaciones religiosas.
En caso de que se presente a la aprobación del Vaticano
y este acepte el nuevo protocolo, según la CONFER, “entonces será de
obligado cumplimiento para toda la Iglesia en España”. Según fuentes de la
Conferencia de Religiosos, el proceso de la actualización de los
protocolos está comenzando y ese asunto aún no se ha definido. “El que
alcance o no a los religiosos depende de la vía que se adopte”, matiza
dichas fuentes.
El papa Francisco solo ha convocado para la cumbre sobre
pederastia que se celebrará dentro de tres meses en Roma a los presidentes
de las conferencias episcopales de todo el mundo. Los representantes de
las congregaciones no estarán presentes, aunque los acuerdos que se puedan
alcanzar les afectarán directamente si así lo decide el Vaticano.
Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no está
recogido en esta información, puede hacérnoslo llegar a través de la
dirección de correo electrónico abusos@elpais.es
Un problema, ocho protocolos
distintos
Conferencia Episcopal (2010): "La
Autoridad eclesiástica invita o aconseja, en un primer momento, a los
denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, el
ministerio fiscal o el juzgado de instrucción, conforme exige la ley
en este tipo de delitos”.Congregación
para la Doctrina de la Fe (2011).“El abuso sexual de menores
no es solo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por
la autoridad civil (...) Al recibir las denuncias de posibles casos de
abuso sexual de menores, los obispos deberán asegurar que sean
tratados según la disciplina canónica y civil respetando los derechos
de todas las partes. Las líneas guía deben tener en cuenta la
legislación del Estado en el que la conferencia episcopal se
encuentra, en particular en lo que se refiere a la eventual obligación
de dar aviso a las autoridades civiles”.
Compañía de Jesús (2011): “El
provincial o su delegado, incluso por escrito, informa en todo caso a
los denunciantes y a la familia de su derecho a denunciar ante las
autoridades estatales e incluso los invita a hacerlo si los hechos
denunciados son graves y mínimamente verosímiles Si la familia duda o
se niega a dar ese paso por razones fundadas que busquen evitar más
daño a la misma, el Provincial pedirá a la familia que le manifieste
las razones por escrito. Si juzga que no existen razones, y la
denuncia no se presenta, el Provincial o su delegado pondrá en
conocimiento del fiscal competente los hechos de los que ha sido
informado”.
Opus Dei (2013): “Si en las
investigaciones preliminares se concluye que las acusaciones son
verosímiles y que hay razones para pensar que se ha cometido un
delito, el Vicario se cerciorará de que las acusaciones sean
notificadas a las autoridades civiles”.
Claretianos: “Si del procedimiento
se desprendiera la existencia de posibles infracciones,
administrativas o penales, se pondrán en conocimiento de las
autoridades competentes, especialmente en el segundo caso, en el del
ministerio fiscal, si procede, con el fin de que se actúe en derecho”.
Agustinos recoletos (2015): "En los
supuestos en que la acción penal sea de instancia privada, es decir,
que solo los interesados o sus padres o tutores, puedan hacer la
denuncia, tal como ocurre en algunos países, el Superior Mayor del
religioso acusado manifestará con claridad a los interesados que es a
ellos a quienes corresponde tomar la decisión de instar o no dicha
acción penal, por medio de acusación o denuncia ante la autoridad
judicial del Estado" (Los Superiores Mayores actuarán en relación a
los abusos sexuales presuntamente cometidos por religiosos clérigos de
nuestra Orden con menores de edad de acuerdo a la ley de cada país. En
todo caso, deberán distinguir cuándo está frente a un delito canónico
y cuándo frente a un delito de acuerdo a la ley secular o frente a
ambos).
Hermanos de La Salle (2016): “Cuando
desde cualquier obra educativa de La Salle se tenga sospecha o certeza
sobre una situación de posible riesgo, maltrato o de abuso sexual
sobre un menor o adolescente, esta situación se comunicará a la
familia del alumno, a los servicios sociales de la zona, a la
Inspección educativa y a las instancias previstas por la normativa
autonómica en vigor.
Protocolo de la diócesis de Astorga (De
2018):"Nuestra obligación como diócesis es notificar los
indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han
ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo
abusado". Este protocolo fue acogido por, al menos, otras cuatro
diócesis más (Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz, Plasencia y
Sigüenza-Guadalajara)
