La Iglesia calla ante la ONU sus abusos
El Vaticano no aporta la
información requerida sobre los casos de pederastia en una
comparecencia histórica
Admite que
hay agresores, “como en otras profesiones”
El Vaticano acude a la ONU para hablar de los escándalos de abusos
sexuales / ATLAS
María R. Sahuquillo Madrid
16 ENE 2014
La opacidad y el silencio continúan sobre los casos de
pederastia cometidos durante años por miembros de la Iglesia católica
en todo el mundo. El Vaticano eludió ayer, en una histórica
comparecencia pública ante la ONU para tratar el tema de los abusos a
menores, dar información detallada sobre los casos investigados o las
sanciones impuestas a los responsables. La falta de claridad y las
tibias palabras de los miembros de la delegación de la Santa Sede, que
por primera vez comparecían ante un organismo público internacional
para explicar sus acciones ante el escándalo de abusos que ha dejado
tocada a una Iglesia acusada durante décadas de mirar hacia otro lado,
contrastan con el discurso más atrevido del papa Francisco que, desde
su llegada, ha defendido una cruzada contra la lacra de la pederastia.
Un pontífice que —aunque sin mencionar de manera explícita los casos
de abusos y refiriéndose también a la corrupción— afirmó ayer en su
homilía matutina diaria que hay que sentir “vergüenza” por los
escándalos producidos en el seno de la Iglesia.
Sus enviados a la inédita comparecencia ante el Comité de la
Convención de Derechos del Niño en Ginebra, donde el Vaticano tenía
que dar cuenta del cumplimiento de este tratado vinculante, no fueron
tan contundentes. De hecho, el Comité, acusó a la Santa Sede ser “poco
transparente” en este tema. Los miembros del Comité —que hará públicas
sus conclusiones el 31 de enero— no se mostraron muy satisfechos con
las palabras del representante del Vaticano ante la ONU, Silvano
Tomasi, que reconoció que entre el clero hay abusadores; aunque matizó
que también los hay “entre los miembros de las profesiones más
respetadas del mundo”. “Este hecho es especialmente grave” en el seno
de la Iglesia, dijo, “ya que estas personas están en posiciones de
gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los
elementos de la persona, como la salud física, emocional y
espiritual”.
Aunque habló de las diversas políticas y
protocolos de prevención que el Vaticano ha puesto en marcha para
frenar este tipo de delitos —entre ellas la creación por Francisco de
una comisión específica para evitar que estos crímenes se sigan
produciendo—, la delegación vaticana deslizó que los abusos a menores
son algo del pasado. Tanto Tomasi como el obispo auxiliar de Malta,
Charles Scicluna, el otro representante que participó en la
comparecencia de más de seis horas ante los 18 miembros del comité de
la ONU, respondieron con evasivas a las agudas e insistentes preguntas
de estos expertos sobre los supuestos traslados de diócesis de los
responsables de abusos, denunciados por las organizaciones de
víctimas, la falta de transparencia en las investigaciones de la
propia Iglesia o la respuesta del Vaticano ante estos casos. El
mensaje de la Santa Sede fue constante: los religiosos no son
funcionarios del Vaticano, dijo Tomasi que argumentó que investigar y
juzgar estos delitos corresponde a los Estados donde tuvieron lugar.
Ese discurso ha decepcionado a las
organizaciones de víctimas, que lamentaron la falta de claridad sobre
las sanciones a los culpables y la reparación a las víctimas.
Esperaban que el cambio de rumbo que desde los últimos años de mandato
de Benedicto XVI, y sobre todo con Jorge María Bergoglio, se tradujera
ayer en algo más que palabras y discursos.
Pero
la delegación del Vaticano no aportó apenas luz a las preguntas de los
miembros del Comité que, en diciembre tras la presentación del primer
informe (atrasado debía ser el quinto) sobre el cumplimiento de la
convención firmada en 1990, había requerido más explicaciones sobre
las denuncias de abusos a niños.
La investigadora principal sobre derechos
humanos del Comité, Sara Oviedo, inquirió a la delegación sobre la
“alarmante” frecuencia en la que los religiosos “abusadores” son
trasladados a otras áreas, en vez de entregarlos a la policía.
Teniendo en cuenta la política de “tolerancia cero” de la Iglesia
católica con los abusos, preguntó Oviedo, “¿por qué se hizo esfuerzos
por cubrir y ocultar este tipo de casos?”. La delegación negó que la
Santa Sede obstaculice las actuaciones de los Estados contra los
abusadores —así lo afirmó también Tomasi en Radio Vaticano, donde dijo
que ese argumento “no tiene fundamento”—. “Hay instrucciones claras
para que estas acciones no se den” dijo Scilcuna, también juez en la
Congregación para la Doctrina de la Fe, que dijo que toman nota de las
sugerencias del Comité.
Tampoco los requerimientos constantes de Kirsten Sandberg, presidenta
del Comité, que repreguntó insistentemente a los representantes
vaticanos, tuvieron frutos a la hora de obtener datos sobre las
investigaciones de abusos que lleva a cabo el Vaticano. El Vaticano se
escuda en el “respeto”, la “protección” y la “privacidad” de las
víctimas para mantener en secreto las pesquisas, aunque Tomasi señaló
que para 2012 se habían documentado 612 casos de abusos sexuales que
involucraban a personal del clero; 418 fueron abusos a menores.
Denuncias, tribunales y silencio
Los
casos de pederastia ocurridos en el seno de la Iglesia suman una
larga lista de países. Muchos aún se investigan, otros se acallaron
vaciando las arcas católicas y otros, quizá permanecen aún ocultos.
El
informe elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos De Niños,
puesta en marcha en 2000 tras un aluvión de denuncias de abusos a
menores cometidos por religiosos de la Iglesia católica irlandesa,
concluyó que 35.000 niños fueron agredidos sexualmente entre los
años cincuenta y ochenta. Los hechos ocurrieron en instituciones
eclesiásticas, una red de reformatorios y escuelas industriales.
En
2007, el entonces arzobispo de Los Ángeles (EE UU) pidió perdón a
las víctimas de los abusos sexuales infantiles del clero. En
respuesta a las familias de los afectados, la archidiócesis acordó
indemnizarles con 508 millones de euros.
El
líder de la Iglesia católica alemana, el arzobispo Robert Zollitsch,
reconoció en 2010 que las 205 agresiones sexuales, 46 de ellas de
jesuitas, han llenado la Iglesia de “pesar, horror y vergüenza”.
En
2012, William Lynn, monseñor de la archidiócesis de Filadelfia, la
más grande de Estados Unidos, se convirtió en el primer alto cargo
de la Iglesia católica de EE UU condenado por abusos a menores
ocurridos en 1992. En aquella época, Lynn era quien asignaba destino
a los sacerdotes de esta archidiócesis católica.
El
mismo año, la Iglesia de Australia admitió 620 casos de pederastia.
Los abusos sexuales cometidos por órdenes religiosas en el
Parlamento del Estado de Victoria en 1930 fueron calificados como
“horribles y vergonzosos” por el arzobispo de Melbourne Hart.