Con mucho dolor pero sin sorpresa, asistimos al escándalo mediático generado por la indebida difusión de la denuncia de una adolescente que se enfrentó a una situación de abuso sexual por parte un alumno de otro curso del Colegio Nacional de Buenos Aires. Las estudiantes son acusadas de no haber expuesto este hecho a las autoridades. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cualquier persona que pase por una situación de abuso tiene derecho a contarlo donde quiera, como quiera, a quien quiera. También tiene derecho a no contarlo. Y por sobre todos los protocolos y las opiniones de los demás, si la víctima de abuso es una niña, un niño o un adolescente, tienen derecho a ser protegidos y resguardados de manera integral según marca la Convención de Derechos del Niño. Ninguna víctima está obligada a denunciar los hechos. Pues bien sabemos que muchas veces la policía y la justicia, completamente faltas de perspectiva de género, reproducen más violencia durante los procesos judiciales de investigación y juicio de este tipo de casos, poniendo a quien denuncia en el banquito de los acusados.

El caso de abuso que llena hoy las pantallas no es el único que existió en esos claustros, ni es el primero que ocurrió en el ámbito de un colegio secundario. Sin embargo, se trata de una operación de prensa intencionada y disciplinante. No podemos eludir la responsabilidad del Dr. Gustavo Zorzoli -Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires- que en forma poco cuidada y sin contemplar en sus decisiones el interés superior de la niña lanzó a la comunidad educativa un comunicado sobre la situación, incidiendo de manera nada inocente en el debate mediático sobre las tomas de los secundarios, sin tener en cuenta que esa decisión podía tener consecuencias negativas para la salud de la joven e incidía en la forma en la que ella y su familiar decidió transitar esta situación.

Si bien no se conocen públicamente sus datos personales, el hecho de que su experiencia de abuso está en boca de todos constituye un factor de estrés que se suma a la situación traumática que la joven debió atravesar. Cuando tenemos involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, cualquier otro interés, como la necesidad de los padres de la comunidad de conocer el caso, debe ceder frente al interés superior del niño, niña y adolescente que fue afectado. Este no es un dato menor que pueda escapársele al rector de una institución educativa donde concurren adolescentes. En ese sentido desde el colectivo Ni Una Menos estamos acompañando a la familia y a la niña en el proceso que están llevando adelante.

Ni Una Menos es acompañamiento responsable y no silencio cómplice. El tiempo de la escucha y la ayuda es el de la víctima y no el de algunos medios y sus especulaciones.

Es necesario dar el espacio al debate y la desnaturalización de la cultura de la violación y el abuso para deconstruir el machismo impregnado en todas las escuelas y niveles educativos. Para eso, entre otros dispositivos, existe la ley de Educación Sexual Integral, fundamental no sólo para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados como muchas veces se simplifica, sino para construir dentro de las instituciones educativas nuevos paradigmas, donde se pueda abordar la diferencia sexo genérica y combatir la discriminación que posibilita hechos de violencia sexual. La implementación de la ESI es uno de los reclamos de los niños y adolescentes. Fue una de las principales consignas durante las tomas en alrededor de 30 colegios de la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre. Hace una década que la Ley fue sancionada en la Ciudad y el gobierno, que ha mantenido su color político durante todos estos años, no invirtió un solo peso en las capacitaciones docentes en servicio, ni en la creación de un Programa que pueda sostener una implementación adecuada. El Estado promete brindar charlas a cargo de ONG's, cuando debería impartirse de forma transversal en toda la currícula y debieran dedicarse los recursos necesarios a la capacitación de quienes acompañan a diario a los estudiantes en la escuela. La cultura de la violación, los noviazgos violentos y tantas expresiones de la cultura machista y patriarcal que se dan en ámbitos educativos, son sólo algunas de las cuestiones que los estudiantes, movilizados, han puesto en discusión durante las tomas en las que también reivindican su derecho a no ser utilizados como mano de obra gratuita de las empresas, como propone el proyecto de reforma educativa que intenta desplegar el Ministerio de Educación.

Por último, un capítulo aparte merece la respuesta institucional y la instrumentación de una situación que merecía acompañamiento serio. Lejos de resguardar y contener a la víctima, el rector Zorzoli la expuso. Desde la cobertura mediática se utilizó el caso para desprestigiar las tomas como medida de fuerza poniendo sus propios intereses políticos por encima de los derechos integrales de la víctima. Queremos decir, ante la movilización estudiantil, la capacidad de pibas y pibes para reclamar que su voz sea considerada en las instituciones educativas, se les contesta con una lógica de victimización, cuando son personas con capacidad de formulación de sus propias posiciones. Una doble violencia se consuma, la del abuso sexual y la de los adultos que utilizan lo ocurrido para abonar una lógica disciplinante. Lxs adolescentes de las tomas son así representadxs en los medios como víctimas y victimarios, y no como sujetxs de deseo y de derecho atravesadxs por las lógicas de las violencias machistas como todo el resto de las personas y esferas sociales. No se trata de que la toma sea un escenario que favorezca la violencia de género, sino que la violencia de género atraviesa todos los escenarios, incluso el de la organización política.