La Iglesia católica se define tanto por lo que defiende como por lo que calla. El reciente informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que ha acusado al Vaticano de seguir transigiendo y avalando con su silencio cómplice la pederastia no solo se centra en los abusos sexuales; también en otros asuntos igualmente graves; alguno de ellos con claro carácter español. “La Comisión”, dice el informe, “deplora que miles de niños hayan sido arrebatados a sus madres por la fuerza por congregaciones católicas en varios países para después ser enviados a orfanatos o entregados en adopción a otros padres, como fue el caso importante en España y en las lavanderías irlandesas de Magdalena” (…) “La Santa Sede no ha abierto una investigación interna sobre estos casos y no tomó ninguna acción contra sus responsables”.

La plataforma de afectados por los robos de niños en España siempre ha echado en falta un pronunciamiento de los obispos españoles por este escándalo, habida cuenta de que hubo instituciones y religiosos implicados y que el juez imputó a la ya fallecida sor María Gómez Valbuena. El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, y sus portavoces eluden siquiera pronunciarse sobre un asunto tan grave que solo ahora se ha destapado públicamente. Ellos que tanto se preocupan por el relativismo moral de la sociedad, no tienen nada que decir sobre unos delitos que han dejado un reguero de víctimas que buscan la verdad y la reparación.

El informe de la ONU es a nivel global una denuncia de grueso calibre, porque acusa a la Iglesia católica de incumplir derechos humanos suscritos por la propia Santa Sede en convenios internacionales. La lista es larga: no solo se encubre a los abusadores sexuales, sino que el derecho canónico no protege a los niños de la violencia y sigue haciendo una clara distinción con los hijos nacidos fuera del matrimonio; con su actitud general la Iglesia estigmatiza la homosexualidad, mantiene los estereotipos sexistas en sus libros de texto, arrebata la identidad a los hijos de los sacerdotes, sigue tolerando los castigos físicos en algunas instituciones, no investiga el tormento que sufrieron cientos de niñas irlandesas en las lavanderías Magdalena —donde eran explotadas laboralmente y sometidas a abusos (entre otros suplicios)— y, en general, no invierte en formar a los suyos en valores que pongan fin a tanto infierno infantil.

El papa Francisco ha creado un grupo de trabajo para tomar medidas conducentes a “estar siempre del lado de los niños”. Frente al informe de la ONU, el exsecretario de Estado vaticano Tarcisio Bertone ha pedido paciencia. Indudablemente, la tarea de Francisco llevará tiempo porque es titánica. El mal corroe la institución y está bien enquistado. Pero la paciencia tiene un límite y en España la jerarquía católica es especialmente refractaria al revisionismo. Mantener a Rouco, ciertamente a punto de jubilarse, avalar a una Conferencia Episcopal obsesionada con participar en política con el aborto o nombrar cardenal a Fernando Sebastián, que cree que hay que curar la homosexualidad, no es la mejor señal para la paciencia sobre una institución todavía tan influyente.