La denuncia de un colegio permite detener a un hombre acusado de abusar de dos menores

GRANADA

El agresor, de 59 años y con antecedentes de la misma naturaleza, no cobraba el alquiler de la vivienda a los padres de los chavales que eran inmigrantes

JOSÉ R. VILLALBA/GRANADA, Diario Ideal de Granada, 13/06/2007

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años, identificado como L. F. C., acusado de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil, después de que el equipo directivo de un instituto de enseñanza secundaria presentara las correspondientes denuncias al intuir que dos de sus escolares, hermanos rumanos de 12 y 13 años, eran sometidos a abusos sexuales.

Según la Policía, el equipo docente venía detectando en los menores una conducta «distraída y extraña», por lo que tras entrevistarse con ellos, pudieron saber que se turnaban por las noches para dormir en una cama de matrimonio con el propietario del piso de arriba de donde viven, que era el arrendador del piso donde residen con sus padres.

El comunicado precisa que el ahora detenido, que cuenta con antecedentes por hechos de la misma naturaleza, no les cobraba renta de alquiler alguna a los padres e incluso les llevaba comida y regalos a los progenitores, siendo habitual que los bañara y les pusiera música para que bailaran disfrazados mientras los grababa con cámaras de vídeo.

El presunto agresor fue detenido el pasado viernes y en el registro de su domicilio, los agentes se incautaron de una gran cantidad de material informático, unos mil discos compactos, cintas de vídeo, dos cámaras fotográficas, cinco ordenadores portátiles, tarjetas de memoria, así como pelucas y ropa interior.

Tras analizar una parte del mismo se ha podido comprobar como el acusado, tras disfrazar a los menores con pelucas y ropa interior, los sometía a tocamientos y diversos abusos sexuales, mientras quedaba todo grabado.

El detenido, que no desempeña actividad laboral alguna, cuenta con numerosos inmuebles alquilados en la capital, es soltero y pertenece a asociaciones benéficas y religiosas, donde tiene oportunidad de contactar con familias desfavorecidas.

Según la Policía, la investigación continúa abierta ya que de los hechos investigados se ha podido determinar que el domicilio del reseñado era frecuentado desde muchos años atrás por menores de origen árabe, gitano o rumano.

Derechos del niño

Juan Pedro Oliver, presidente de la asociación Pro Derechos del Niño -Prodeni- elogia la iniciativa del centro educativo en un asunto tan escabroso. «La labor de los colegios es muy importante, porque con poco que se fijen los docentes en sus alumnos pueden sacar mucha información y tienen fácil detectar este u otros tipo de abuso contra menores».

Un asunto tabú, el de abusos sexuales contra menores, que sólo destapa un 10% del total de casos, un porcentaje que se corresponde con las denuncias presentadas.

Un estudio de 1996 del catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Salamanca, Félix López, cifran en torno a un millón los casos de posible abuso sexual contra menores en España cada año. «Un 10% de los episodios reales de este tipo de delitos llegan a la policía y los tribunales de justicia, con un resultado incierto», asegura Oliver. El perfil de las víctimas de estos abusos responde en la mayoría de las ocasiones con niñas, entre 6 y 10 años de edad y son más vulnerables por sus discapacidades físicas o psíquicas, por sufrir además malos tratos, o por tener un padre maltratador o de comportamientos violentos. El 20% de los agresores son menores de 18 años.

Proceso judicial

Oliver recuerda la importante carga que el proceso judicial supone para el menor. «Nosotros hemos pedido en más de una ocasión que estos menores puedan estar en una sala contigua a la del juicio acompañados de un psicólogo y que por una pantalla puedan seguir el proceso. Así se les evita estar presentes en la sala de vistas y con que fueran un día les bastaría», reivindica el presidente de Prodeni.

Casos de abusos sexuales que las mismas víctimas suelen poner en conocimiento de los adultos de su entorno y estos trasladan posteriormente en forma de denuncia. «La Administración pública y los centros educativos deben lanzar más campañas para sensibilizar sobre este problema a menores y mayores», concluye Pedro Oliver.

jrvillalba@ideal.es