SUSPENDIDO EL JUICIO CONTRA SOLEDAD PERERA

 16 de Octubre 2008

 Hoy estaba prevista la celebración del juicio por desobediencia contra Soledad Perera  (la que fuera madre adoptiva de PIEDAD) en el juzgado de lo penal nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, pero fue suspendido porque el abogado de la defensa renunció el pasado viernes y Soledad no ha podido hacerse con otro abogado que lo preparase debidamente, por lo que se adoptó la decisión de suspenderlo y aplazarlo hasta que el nuevo nombramiento se produzca. A tal efecto, según informó la propia Soledad, parece que en los próximos días será D. Eligio Hernández  (el que fuera Fiscal General del Estado) quien se acreditará ante el Juzgado como nuevo letrado de la defensa, quedando pendiente nueva fecha para la celebración del juicio.

 Son muchos los ciudadanos y ciudadanas canarios, incluso de la península, que están mostrando su apoyo y solidaridad con Soledad Perera, a quien consideran una víctima de unas circunstancias en las que se vio envuelta ella y su familia, después que la Administración canaria le hubiera entregado una niña para adopción, y tiempo después se iniciara un intenso y polémico procedimiento de devolución a una madre biológica de la que llevaba casi cinco años separada.

 Los episodios y vicisitudes del caso tuvieron amplio eco en los medios de comunicación entre 2006 y 2007, creándose un ambiente general de apoyo a la estabilidad familiar de la niña (popularmente bautizada PIEDAD) y de rechazo a mecánicas administrativas y judiciales, básicamente carentes de humanidad, pues los derechos de la niña que recoge la Convención de la ONU de 1989 y el ordenamiento jurídico español, no se tuvieron en cuenta, hasta el punto de que se la hizo permanecer (“por su beneficio”) varios meses en un centro de menores y se le cortó cualquier tipo de comunicación o noticia del mundo afectivo y el paisaje que le fueron literalmente amputados por imperativo legal.

 A la ciudadanía no le suena bien eso de que quien fuera el alma y vida de una niña desamparada que había pasado tres años en centros de menores y que luchó hasta el límite de lo imposible por evitarle el grave trauma de sufrir un nuevo desamparo, sea ahora carne de juzgados y de condena como una delincuente, y, en cambio quienes en la Administración o en el sistema judicial, han sido responsables de medidas y criterios que son el origen y la causa de los sufrimientos y de los traumas que se provocaron, campen ahora por sus respetos y caigan con todo su peso contra la parte más débil, y, diríamos, la más noble de una escenificación de despropósitos que tuvo de todo menos de protección de una menor.

 Resulta patético que por un lado PIEDAD sugiera a los legisladores la necesidad de reformar el Código Civil para evitar situaciones semejantes, y por otro se persiga y se condene a quien más la ha querido y a la única que de verdad ha jugado un papel digno en esta lamentable historia.