TERESA CÁRDENES LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas para determinar si la jueza de lo Penal 1 de Las Palmas, María Gabriela Ramos, cometió alguna infracción al no permitir el pasado 26 de febrero la entrada del público y la prensa en el último juicio celebrado sobre el llamado caso Piedad. La apertura de estas diligencias fue confirmada ayer a este periódico por Eligio Hernández, que asistió como abogado defensor de Soledad Perera, la madre preadoptiva de la niña Piedad, enjuiciada ese día por desobediencia a la Justicia y más tarde condenada por Ramos a nueve meses de cárcel.

La apertura de estas diligencias es producto de la queja presentada por Hernández ante el órgano de gobierno de los jueces el pasado 6 de marzo. En ella, el ex fiscal general del Estado alegó la existencia de una falta grave por incumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de una obstrucción a lo dispuesto en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las vistas serán públicas, bajo pena de nulidad.

En su queja, el abogado defensor de Perera evocó los artículos y la jurisprudencia constitucional que señalan que los juicios son públicos para no sustraer el ejercicio de la Justicia al control público y para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. En ella, Hernández relata que, cuando empezó el juicio, solicitó a la jueza Ramos que se abriera la puerta de la sala de vistas, a lo que ésta contestó que ya le había dado las instrucciones precisas al agente judicial situado en la entrada.

Aquella mañana, decenas de periodistas se toparon con la imposibilidad de asistir al juicio contra Perera, porque nadie oyó al agente judicial pronunciar el anuncio formal de audiencia pública. Por este motivo, cuando los periodistas trataron de entrar en la sala, el agente lo impidió con el argumento de que el juicio ya había comenzado.