La Provincia Diario de Las Palmas 27/02/2009

TERESA CÁRDENES. Eligio Hernández, abogado defensor de la madre preadoptiva de la niña Piedad, pedirá la anulación del juicio por desobediencia celebrado ayer en Las Palmas de Gran Canaria contra Soledad Perera, por resistirse en 2007 a entregar a la menor a su madre biológica, Ángeles Suárez, que meses después la devolvió a un centro de menores. El juicio se celebró a puerta cerrada en la sede de Granadera Canaria, donde un agente judicial impidió a los periodistas entrar en la sala con el argumento de que la vista ya había comenzado, pero sin pronunciar antes el preceptivo aviso de audiencia pública. La Fiscalía mantuvo la petición de un año de prisión para la madre preadoptiva, expuesta ahora a ingresar en prisión si recae sobre ella una nueva sentencia condenatoria.

Dos quejas, una petición de nulidad y una posible denuncia por prevaricación contra varios jueces y la Dirección General del Menor y la Familia es el balance inicial del juicio celebrado ayer ante la jueza de Penal 1 de Las Palmas, María Gabriela Ramos. Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado, no se anduvo con rodeos al pronosticar que la vista quedó viciada de nulidad por la inexistencia de un auto motivado de la jueza para impedir la entrada de público y periodistas a la Sala, como establece el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por este motivo, Hernández protestó ayer mismo ante la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y lo hará hoy ante el Consejo General del Poder Judicial.

No fue el único motivo de queja del letrado. "La sagrada tarea de la defensa no puede ser interrumpida porque haya juicios posteriores", dijo el ex fiscal general, visiblemente molesto porque la jueza le requirió para que resumiera su exposición, con el argumento de que había otras vistas pendientes.

Pero Hernández fue más allá, y definió el caso Piedad como "el mayor cúmulo de errores judiciales del que yo haya tenido conocimiento". A su juicio, el caso ha acumulado el pronunciamiento de varios órganos judiciales que no eran competentes, empezando por Primera Instancia 5, que "se excedió en sus atribuciones, y no lo digo yo, sino la Audiencia Provincial", cuando ordenó que la niña volviera con su madre biológica.

El letrado subrayó también que, aunque Primera Instancia revocó la declaración de desamparo de la niña, Soledad Perera no pudo incurrir formalmente en desobediencia, porque Menores nunca le notificó que había quedado sin efecto la situación de acogimiento familiar, y tampoco suspendió expresamente el contrato firmado a tal fin con la madre preadoptiva.