En un pronunciamiento institucional suscrito por los técnicos del Cabildo y la consejera María de la Salud Gil, la corporación insular se pregunta qué efecto tendrá la repercusión del caso de 'Piedad' , y advierte las dudas que puede generar en las familias que acogen a niños y niñas en situación de preadopción.

El Cabildo de Gran Canaria se pronunció hoy alrededor del caso de la menor 'Piedad' e hizo público un pronunciamiento institucional que, afirmó, apoyan todos los técnicos de la corporación insular en el área de Menores y la consejera de asuntos sociosanitarios, María de la Salud Gil. En dicho pronunciamiento, la corporación que preside José Manuel Soria muestra su "seria preocupación" sobre las repercusiones que tendrá el posible ingreso de la menor conocida como 'Piedad' tanto para ella misma como para el sistema de protección de los menores en general.

El Cabildo recuerda en su pronunciamiento que la vida del menor está vinculada a las unidades primarias de convivencia, que le aportan seguridad y afecto y, cuando, por el supremo interés de éste, deba ser separado de su familia de origen y la Administración ejerza la guarda y/o tutela, en todo se buscará la reintegración del menor bien en su propia familia o bien en familias alternativas mediante el acogimiento familiar o la adopción. En todo caso, recuerdan que "la institucionalización del menor tendrá un carácter temporal, y debe evitar interferencias innecesarias en la vida escolar y social de éste, procurando la continuidad en el centro educativo donde esté escolarizado y la utilización de los recursos de su entorno, tal y como se establece en la normativa vigente (vid. Ley 1/1997 de 7 de Febrero de Atención Integral al Menor en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su Artículo 69), en materia de protección de menores, siendo estos principios y el supremo interés del menor, el criterio de cualquier intervención que afecte a los mismos".

Asimismo, el Cabildo recuerda que "tal y como se recoge en el Plan de Atención Integral al Menor en Canarias, en sus principios y filosofías se trata de “desterrar la concepción de los/as menores como simples beneficiarios pasivos y objeto de intervención administrativa". Los niños/as son ante todo personas y la relación con ellos se encuadra en el marco de las relaciones personales, de respeto mutuo y trato personalizado con todo el sistema de valores que ello supone”, como otro principio fundamental es la “supremacía del interés del menor”, añaden.

En los últimos meses, dicen que "este Cabildo ha asumido nuevamente la Guarda de menores que han sido entregados ante la Entidad Pública por sus familias acogedoras después de convivir meses e incluso años con las mismas, como consecuencia de órdenes judiciales en las que se establece el contacto de éstos con sus familias biológicas".

Esta situación, a su entender, "conlleva graves repercusiones en el proceso vital de los mismos al constituir un abandono, y supone especiales dificultades para futuros acogimientos, generando problemas que con frecuencia, resultan complicados solventar, ya que están relacionados con el área psico-emocional y afectiva de los menores".

Por ello, el Cabildo de Gran Canaria basándose en la valoraciones e informes elaborados por los equipos técnicos citados desde que se realizó el Informe-Propuesta relativo a “Piedad” en cuanto al cambio de medida, de Acogimiento Residencial a Acogimiento Familiar pre-adoptivo, "cuestiona el tratamiento realizado sobre los derechos de los adultos respecto a la supremacía de los derechos de la menor". Al mismo tiempo, la corporación insular dice "cuestionarse" qué interpretación se ha dado en todo el procedimiento a la labor realizada por parte del citado Equipo que motivó el cambio de medida.

Esta situación,señalan, "puede generar dudas en las familias solicitantes de adopción o acogedoras respecto a los menores que ocupan el sistema de protección, y especialmente centros y hogares de acogida en relación a si merece la pena correr el riesgo de tener que pasar por la misma situación".

En la práctica, consideran que "este caso podría generar un rechazo o insensibilidad por parte de familias extensas o ajenas a esta modalidad de acogida (Acogimiento Familiar pre-adoptivo) aumentaría como consecuencia de ello el Acogimiento Residencial como casi única alternativa de acogida en detrimento de alternativas de reunificación familiar o emancipación".

"Todo ello podría provocar mayor masificación, cronificación de los casos, prácticas exclusivas de control, eliminación de recursos y dispositivos, un incremento del coste económico, mayor control y menos educación, más cantidad y menos calidad, bajo nivel y frecuencia de la relación educativa, resurgir de síndromes superados, regresión a estructuras “paternalistas”, y fórmulas caritativas y benefactoras ya caducas, maltrato institucional, entre otras", dicen.

Para el Cabildo, "situaciones similares" a la de Piedad están generando y han generado "un daño irreversible para los menores ante las que no se dan respuestas, siendo el menor en ese caso, objeto de derechos que les asisten en lugar de sujetos de los mismos".

Se considera que la situación de la menor “Piedad”, con las actuaciones que desde los distintos ámbitos se han llevado a cabo con la misma, "pueden generar precedente en otros menores que se encuentran en la misma medida de protección o que en un futuro puedan estarlo. Por lo que no se puede valorar como una situación aislada sino que puede tener un carácter continuo y frecuente para aquellos menores cuya alternativa de futuro esté representada en familias ajenas".

De hecho, el Cabildo recuerda que en la actualidad existen en la Dirección General de Protección del Menor y la Familia un total de treinta y seis menores con Propuesta de Acogimiento Familiar pre-adoptivo carentes de otras alternativas y pendiente de resolución.