LA GACETA DE CANARIAS

‘Piedad’ estará hoy en un centro de Gran Canaria tras el ultimátum judicial

El Juzgado dio ayer 24 horas para la entrega de la menor

Advierte a la madre de acogida de que de no hacerlo incurrirá en delitos con pena de cárcel

04/05/2007

LAS PALMAS DE G.C.– El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de La Orotava ha requerido a Marina Perera, madre de acogida de la niña Piedad, que manifieste dónde se encuentra la menor y, en todo caso, proceda a su entrega a la Dirección General del Menor en el plazo improrrogable de 24 horas.

En caso contrario, “si no lo verificare” incurrirá en un delito de “quebrantamiento de los deberes de custodia y en el de desobediencia, previstos en los art. 223 y 556 Código Penal con penas de prisión, y en cualquier otra infracción penal que pudiere proceder”.

Este Juzgado califica de “obstinada” la “conducta de la acogedora Marina Soledad Perera Pérez quien, haciendo caso omiso a las resoluciones administrativas y judiciales se niega a entregar a la menor” y a la vista del contenido de los informes remitidos por la Dirección General del Menor. La señora Perera Pérez “actúa movida por su particular interés de adulta y no en el de la niña, tomando además atribuciones que no le corresponden”, añade la sentencia.

En este texto se insiste en la idea de que “Marina Soledad y su entorno pueden estar proyectando sobre la menor sus propias tensiones emocionales con el consiguiente maltrato psicológico, situación que no puede ser contrastada y evaluada convenientemente por los técnicos competentes, pues la acogedora lo impide ocultando a la niña hasta el punto que, en la actualidad, se desconoce absolutamente dónde y en qué situación se encuentra la pequeña”. Así, la familia de acogida tiene hasta hoy para entregar a la menor a la Administración.

Discrepancias

Por su parte, la asociación para los derechos del niño Prodeni afirma que no comparte la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas porque no se ha tenido en cuenta los derechos e intereses de la niña Piedad, a la que en su opinión se ha degradado “a simple objeto de litigio”.

Prodeni afirma en un comunicado que se ha dilucidado sobre una pugna entre instituciones y entre adultos y se ha desvestido a la niña de su humanidad “arrebatándole sus atributos de persona y su titularidad de derechos”, asegura en alusión a la sentencia que obliga a la madre preadoptiva a entregarla para su ingreso en un centro de acogimiento.

Piedad y sus circunstancias personales no cuentan en los 24 folios de la sentencia, añade Prodeni, que acusa a la Dirección General de Protección del Menor del Gobierno canario de vender a la niña por “el plato de lentejas” de la presión judicial.

“Decimos que la vendió porque hasta ese momento la familia acogedora gozaba de todas las prerrogativas de una Dirección General que hacía todo lo posible por mantener alejado de “Piedad” el duro puño de la acción de la Justicia, consciente de los graves daños que le podría ocasionar”, asegura.

Apunta también que la niña no ha sido escuchada directamente por la jueza ni por la Audiencia, pero tampoco lo ha sido “a través de los documentos técnicos y profesionales que valoraban el alto grado de integración familiar y opinaron en contra de un cambio de titularidad”.

Por otro lado, si se compara con la despreocupación de los magistrados sobre lo que a Piedad le pueda pasar, llama la atención el interés y preocupación de la Sala por su actual estado, afirma.

Critica la opinión de la Audiencia de que el hipotético sufrimiento de la menor va a ser mitigado gracias a la atención de los profesionales, desautorizando las voces que vienen advirtiendo sobre las consecuencias del cambio, lo que demuestra “el claro desconocimiento de los magistrados de cuales son las circunstancias sociales y afectivas de la niña, su grado de vinculación familiar”.

“Con esta sentencia se ha escrito otra página negra más en la historia de los derechos del niño que hace compañía a las de otras audiencias provinciales, como la de Sevilla en el caso de la niña de Benamaurel y la de Salamanca en el caso del niño del Royo”, asegura Prodeni.

A su juicio, va a resultar peor imponer a la niña un cambio traumático de familia que atender los intereses de la madre biológica “porque se hace a costa de los sentimientos y la salud de la menor”.