IOSUNE NIETO, Tenerife,  20/12/2006

El cúmulo de despropósitos que acumula el llamado caso "Piedad", sobre el futuro de una niña de cinco años en acogimiento preadoptivo por una familia tinerfeña, suma una vuelta de tuerca más tras la publicación de una nueva providencia de la juez María Elena Corral, titular del Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Las Palmas, en la que además de señalar que investiga al director general del Menor, José Luis Arregui, por si hubiera cometido un delito de desobediencia a la autoridad judicial y obstrucción a la Justicia, acusa a la familia acogente de un posible delito de "sustracción de menores".

En lo que atañe al director del Menor, la jueza establece que se siga investigando "si José Luis Arregui pudiera haber cometido delitos de desobediencia a la autoridad judicial y obstrucción a la Justicia, ya por acción, ya por omisión, desde que no consta que hasta el mismo día 4 de diciembre de 2006 se haya realizado acción efectiva alguna de recuperación de la custodia de la menor por parte de la Dirección".

Paradero desconocido

La jueza admite que Arregui "en conversación telefónica" le ha manifestado que "la menor se encuentra en paradero desconocido -a pesar de que el director ha reiterado en declaraciones que la menor sigue conviviendo con la familia acogente-, que se ha revocado por la propia Dirección General el acogimiento preadoptivo constituido en su día y que también se ha ordenado (a los padres acogentes) la entrega de la menor, sin que éstos hayan cumplido lo ordenado".

De ahí que la juez dé por hecho que la familia ha perdido todo derecho de custodia de la menor, a pesar de que la revocación del contrato fue unilateral, sin contar con la otra parte firmante y no es aún firme, puesto que cabe el recurso contra la medida, y considere que la madre y el padre acogentes "podrían haber cometido uno o varios delitos de sustracción de menores".

La Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni) ha remitido una carta a la Subdelegación del Gobierno en la provincia para "prevenir cualquier actuación desmesurada de las fuerzas de seguridad que se puedan presentir a fin de dar cumplimiento a las órdenes del Juzgado" en relación a una providencia de la juez María Elena Corral, en la que establece que la Policía Nacional debe llevarse a la niña "por la fuerza".

En su escrito, Prodeni pide a la Subdelegación que "lleve a cabo las instrucciones o trámites que considere oportuno en cuanto a que se garantice que cualquier actuación de las Fuerzas de Seguridad, si se produce, se va a ejercer con exquisito respeto a los derechos de la persona de esta niña".

Sobre este mismo caso, cabe señalar, además, que la jueza ha admitido a trámite, con fecha de 13 de diciembre, el recurso que la Dirección del Menor presentó contra la decisión de la magistrada de desestimar por considerar fuera de plazo el recurso interpuesto contra la sentencia de la que se derivan sus actuaciones, todas ellas encaminadas a que la menor vuelva a vivir con la madre biológica. Cabe recordar que dicha sentencia no es firme y que existen otros recursos presentados por la familia acogente aún sin resolver, uno de ellos de amparo ante el Tribunal Constitucional.