LP CONFIDENCIAL

JUSTICIA Y AUTOCENSURA

TERESA CARDENES, Diario La Provincia, Las Palmas de Gran Canarias,

18/05/2007

Proclamo mi disidencia, me declaro en rebeldía ante el gesto protagonizado ayer por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que han pedido la intervención del fiscal jefe del TSJC para que depure responsabilidades, "incluso penales", por el tratamiento informativo del llamado caso Piedad.

Se quejan los magistrados de tres cosas. Uno, de "la alarma social" ante lo que ellos entienden como "manipulación informativa". Dos, "la incitación al incumplimiento de las resoluciones judiciales y la obstrucción a la Justicia", que creen haber visto respaldadas por algunas instituciones o cargos públicos. Y tres, "la falta de respeto a la función jurisdiccional y el ataque directo a las personas que la desempeñan", que ven próximas a un delito de calumnias. Y advierten con formular querellas.

Nunca un comunicado de origen judicial pudo generar tanta estupefacción, y menos tratándose de un tema periodística y socialmente tan caliente como el de la niña Piedad. Claro que, como cualquier otro ciudadano, juez o no, cargo o público o no, los profesionales de la Justicia tienen derecho a defender su honorabilidad y su quehacer profesional. Pero no parece que deba interpretarse como el derecho a la intocabilidad, a la inmunidad absoluta ante la crítica, como si el Tercer Poder y quienes imparten Justicia tuvieran el privilegio de sojuzgar al cuarto y quedar fuera del espejo público que son los medios de comunicación y no se sintieran concernidos por el derecho a la libertad de información y de opinión.

¿Dónde aprecian los jueces manipulación informativa? ¿En la difusión pública del dolor o las iniciativas legales de la familia de acogida de Piedad? ¿En la reproducción de los comunicados de colectivos que han denunciado un maltrato institucional a una niña enferma, que lo último que necesita es enfrentarse a situaciones de estrés tan duras como las que ha tenido que vivir? ¿Acaso pasa por la cabeza de algún juez decir cómo han de hacer su trabajo los periodistas, cuya tarea, que lo sepan, es mucho más que reproducir como loros descerebrados los comunicados, la verdad oficial, y amén? ¿Acaso hemos de atribuir a jueces y magistrados la virtud de la infalibilidad, y autoimponernos por ello la autocensura? Que nos lo expliquen. A poder ser, clarito.