Diario laprovincia.es   21/05/2009

LA PROVINCIA / DLP.
La asociación para los derechos del niño y de la niña (Prodeni) ha acusado al fiscal jefe de la provinnia de Las Palmas y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no haber amparado los "derechos" de la niña conocida como 'Piedad' y de ser en gran parte "responsables de su actual desgracia". Prodeni ha solicitado al fiscal general del Estado que "unifique criterios" para que los "intereses y necesidades" del menor prevalezcan por encima de todo.

Prodeni, que ya remitió una queja a la Fiscalía de Las Palmas por su actuación, afirma, tras la contestación de ésta, que no se tuvieron en cuenta las "circunstancias personales de la menor en los diferentes planos afectivo, psicológico, familiar, social, de salud y los potenciales riesgos" que le podría ocasionar volver con su madre biológica tras vivir durante dos años -de 2005 a 2007- con su familia de acogida en La Orotava, en Tenerife.

Prodeni añade que no se "escuchó" a la menor y que los únicos informes que tuvo en cuenta la Fiscalía fueron los del equipo psicosocial del Juzgado de Familia, "que se limitó a una simple observación de un encuentro de la niña con su madre biológica", mientras que obvió otros realizados por la Administración y otros equipos de profesionales como el de la familia de acogida que apuntaban la "falta de idoneidad" de la madre biológica para atenderla.

CENTRO ACOGIDA. La menor se encuentra desde hace siete meses en un centro de acogida después de que su madre biológica dijera que no podía atenderla por problemas económicos. Es el cuarto centro en el que vive la menor, que tiene siete años.
Prodeni señala que la Fiscalía tampoco pidió informes "exhaustivos y rigurosos" en relación a la "nulidad" del contrato entre la Dirección General del Menor y de la familia biológica.

Según la asociación, la rescisión del mismo no se había "ajustado a derecho", ya que la familia de acogida no tuvo cono- cimiento de la nulidad por parte de la Dirección General del Menor. Prodeni concluye que los intereses de 'Piedad' en relación a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor fueron sometidos a "los intereses y necesidades de la parte biológica, quien obtuvo del Juzgado de Familia y del Fiscal la protección y las garantías de que se privó a la menor, que sólo fue mero objeto de litigio al que se le impuso un cambio de realidad de consecuencias catastróficas".