Reyes Rincón Madrid 14 NOV 2014



Uno de los afectados que denuncia los informes del psicólogo Enrique Armas. / PEDRO PERIS
 

Clemente, que trabaja en unos juzgados, no encontró nada raro en la prueba psicológica a la que se sometió en marzo de 2010 tras una denuncia de malos tratos. Sin embargo, los resultados sí que le sorprendieron y los estudió con otros psicólogos judiciales. “Vieron un desajuste que no era normal”, asegura. Hace unos meses se enteró por casualidad de que Enrique Armas, el jefe del equipo psicológico que se encargó de su caso, estaba siendo investigado por un juzgado de Tenerife y contactó con la plataforma de afectados que había presentado la querella. “Yo había visto que el informe y el resultado eran raros, pero no sabía que hubiera algo denunciable”, cuenta.

Un juzgado investiga si el psicólogo ha aplicado pruebas no homologadas a más de 425 pacientes remitidos por los juzgados de Santa Cruz de Tenerife. Si lo jueces consideran que ha actuado mal, las sentencias derivadas de ese casi medio millar de casos podrían tener que revisadas.

El juzgado de Instrucción 4 de San Cristóbal de La Laguna archivó el caso en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó en julio reabrirlo y tomar declaración al psicólogo al entender que puede haber indicios de alguno de los delitos por los que está denunciado: falsedad de documento público, falso testimonio, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación. Según fuentes judiciales, la declaración aún no se ha producido. Al margen de la investigación abierta en Canarias, un juzgado de Gerona imputó este año a Armas por otra denuncia recibida después de que el psicólogo presentara los resultados de sus pruebas durante el IX Congreso Español de Criminología celebrado en 2012 en la ciudad catalana.

La mayoría de los denunciantes han sido pacientes de Armas como víctimas o imputados de los Juzgados de Violencia de Género de Santa Cruz, para los que el psicólogo trabajaba desde la Unidad de Valoración Integral Forense. Armas hace también informes para casos de custodias de menores en el norte de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Según la denuncia de los afectados, Armas, que hace trabajos de investigación en la Universidad de la Laguna, utiliza en sus periciales cuestionarios que no están publicados en la bibliografía forense, ni homologados como instrumentos de valoración. El psicólogo elaboraba supuestamente sus propios test como parte de una investigación particular para la que ha estado utilizando a los pacientes que le remitía el juzgado y de la que nunca informó ni a los afectados ni a los jueces. “Nos ha usado como cobayas”, se queja Carlos (nombre ficticio), uno de los pacientes que se ha sumado a la Plataforma de las Buenas Prácticas Forenses que presentó la denuncia y que ha reunido ya a 23 afectados. Carlos está convencido de que el informe que le hizo Armas y que le describía como a un “psicópata” no se correspondía con la realidad y le ha perjudicado en su juicio de divorcio.

A la consulta de la psicóloga Asunción Lorenzo llegó hace un tiempo un paciente evaluado por Armas. “Nada más ver la prueba me di cuenta de que era una barbaridad”, afirma Lorenzo, que explica que los test que se emplean para evaluar conductas o circunstancias emocionales tienen que atenerse a pruebas homologadas. “Él emplea la denominación de una prueba homologada pero el test que hace no se corresponde con el real. Por ejemplo, en vez de 75 ítems, plantea 63 y luego mete otra parte de una prueba distinta”, explica Lorenzo. “Eso es un despropósito. Las pruebas son un bloque, no se pueden extraer ni añadir partes de cuestionarios distintos”, sostiene. Según esta psicóloga, los cambios de Armas pueden alterar “de forma radical” el resultado de la prueba. “Es muy grave, de esos informes puede depender que una persona vaya o no a prisión o que se retire una custodia”, recalca la psicóloga.

Este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con el psicólogo denunciado, que sigue trabajando para los juzgados de Tenerife, aunque ya no emplea los test supuestamente manipulados. Según ha contado el propio Armas en charlas que ha impartido para explicar sus investigaciones, estas pruebas no homologadas se han aplicado sobre más de 425 pacientes remitidos por los juzgados. “Cada una de esas sentencias debería ser revisada si el juez admite que el psicólogo actuó mal”, advierte Lorenzo.

Juan Jorge Pérez, decano del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, coincide en que la forma de actuar de Armas invalida sus pruebas. “Su manipulación anula el informe. Incorporar cualquier variedad creativa anula un informe. No se puede jugar con los pacientes”, señala. “A lo mejor la herramienta que usa es buena, pero si no está homologada, no vale”, afirma el decano.

El colegio de psicólogos ha recibido en los últimos años varias quejas sobre Armas, pero la mayoría se cerraron sin consecuencias. Sin embargo, tras una de ellas sí apreció prácticas irregulares y el comité deontológico le suspendió durante seis meses. Pero Armas se dio de baja en el colegio y siguió trabajando aprovechando que la legislación canaria no obliga a estar colegiado a los psicólogos que trabajan para los juzgados cuando el destinatario de los servicios que prestan sea la Administración.

El Gobierno de Canarias, del que depende el Instituto de Medicina Legal para el que trabaja el forense, no ha querido valorar la situación de psicólogo. “Se trata de un empleado público y tiene unos derechos conferidos por ley que hay que respetar mientras no haya sentencias judiciales que especifiquen lo contrario”, señala un portavoz del Gobierno.