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MARI
LUZ. HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.
José
Luís Calvo Casal (Portavoz de PRODENI)
Málaga,
31 de Marzo 2008
“La
actitud del pederasta hacia las menores llamó desde el principio la atención
de los responsables del centro educativo. Por ello, y para evitar males mayores,
decidieron expulsarle. Era otra prueba de que se trataba de un individuo
repulsivo, pero tampoco se pudo ir más allá porque no se había producido ningún
hecho delictivo.”
(ABC.es
-30/03/08- “El asesino de Mari Luz merodeaba desde hace meses por varios
colegios”.- Cruz Morcillo/Pablo Muñoz. Madrid)
La
familia de Mari Luz (Huelva) puede decir y acusar con toda la razón que si el
sistema judicial no hubiera fracasado estrepitosamente como lo hizo, su niña
seguiría con vida. Pero si nos atenemos a otras circunstancias que rodean el
caso también podría decir que su hija con toda probabilidad seguiría con vida
si los responsables del colegio de Mari Luz, o miembros del mismo,
hubiesen alertado a la policía de sus sospechas al llamarles la atención
la actitud de Santiago del Valle hacia las niñas, motivo por el cual fue
expulsado de las clases a las que se había apuntado en el mismo colegio “para
evitar males mayores”. Males mayores, de los que, sin embargo, no se libraron
ni Mari Luz ni su familia, en buena parte precisamente por no haber alertado a
la policía, poniendo a su disposición los indicios y sospechas que motivaron
la expulsión del centro del citado individuo, siendo del todo probable que la
policía una vez alertada por el centro hubiera dado con la situación irregular
del pederasta y ya nada hubiera sido igual.
En
esta reflexión colectiva que a lo largo y ancho del país se viene produciendo
en torno a la enorme tragedia de Mari Luz y su familia,
queremos poner el acento también en ese otro ámbito de la protección
de Mari Luz que significaría ese “ir más allá” por parte del centro
escolar aunque “no se hubiera producido ningún hecho delictivo”, para
impedir que el supuesto abusador de niñas siguiera manejándose libremente para
que lo irremediable no llegara a suceder.
Por
lo tanto, no creemos que únicamente haya que fijar toda la responsabilidad en
el ámbito judicial, que evidentemente la tiene y mucha, sino también en la
cortedad de miras de quienes habiendo advertido cuáles eran las intenciones de
Santiago del Valle prefirieron limitarse a sacárselo de encima y no hicieron más.
Mari
Luz ha sido víctima y su familia lo seguirá siendo el resto de sus días del
pederasta depredador que acabó vilmente con su vida y de quien o quienes han
colaborado con él. Eso en primer lugar, pero también hay que situar en la
lista de responsabilidades a aquellas instituciones y personas que habiendo
tenido en sus manos la oportunidad de poner a este individuo a buen recaudo no
lo hicieron dejando a la niña a los pies de los caballos. Unos, por supuesta
negligencia (ámbito judicial) otros, por quedarse cortos (institución
educativa) y, por supuesto, el Estado y sus órganos de representación
(ejecutivo, legislativo) por no haber dispuesto iniciativas y reformas para el
control y seguimiento de por vida de aquellos pederastas crónicos y violadores
en serie que cumplida su condena estuvieran sin rehabilitar, a pesar de que en
la historia negra de los derechos del niño en España, clavados sobre nuestras
conciencias, otras niñas víctimas como Mari Luz sufrieron el mismo abandono
institucional al haber caído a manos de depredadores sexuales que estaban bajo
el ámbito de la Justicia. Nos referimos a Olga Sangrador, 9 años, Villalón de
Campos (Valladolid) Junio de 1992, salvajemente violada y asesinada por un
malvado que cumplía condena por varias violaciones y gozaba de seis días de
permiso penitenciario, y a las niñas de Alcàsser (Valencia) seis meses después
(Noviembre 1992) Miriam, Desirée y Toñi, salvajemente torturadas y asesinadas,
entre otros, por un individuo (Anglés) que estaba igualmente de permiso
penitenciario.
Por
tanto, no puede alegar ningún gobierno de este país desde 1992 ignorancia o
apelar a la excepcionalidad de las circunstancias de crímenes tan execrables
cometidos por individuos perfectamente conocidos por el sistema e, incluso bajo
su control, o, acudir al auxilio de rasgarse las vestiduras y prometer llegar
hasta las últimas consecuencias que hace ahora el gobierno interino, pues
tiempo tuvieron nuestros gobiernos desde 1992, incluso el actual, para que se
adoptasen medidas de control de pederastas y violadores sin rehabilitar, y por
ende proteger a las potenciales víctimas de los mismos.
De
hecho, y para que conste como prueba de lo que venimos diciendo, el Estado se
hizo cargo de una indemnización de 600.000 euros a favor de las familias de
Miriam, Desirée y Toñi, por el mal funcionamiento de la Administración en el
caso de Anglés, lo que deja la puerta abierta para que tenga que responder
igualmente con la familia de Mari Luz. Y
en el 2004, doce años después del asesinato de Villalón de Campos, el señor
Rodríguez Zapatero, flamante presidente del Gobierno, recibió a los padres de
la niña Olga, que le expusieron la petición avalada por el sentir general de
la sociedad, especialmente de los ciudadanos de la comunidad castellano leonesa,
de un cumplimiento íntegro de las penas de violadores en serie y el máximo
control sobre ellos una vez en la calle para proteger a sus potenciales víctimas.
Lo
que nos tememos es que una vez haya pasado el calentón del escándalo judicial
que se acaba de destapar, las medidas que se adopten queden limitadas a soluciones parciales y no se plantee una
profunda reforma de la administración de Justicia, sin lo cual no tendrán la
necesaria eficacia.
Se
habla así de un registro de pederastas, pero no se dice nada de los violadores
y, de momento, no se asumen las graves carencias de recursos humanos,
materiales, de los juzgados y de formación de jueces, así como especialización
de fiscales y coordinación entre departamentos y sistemas, dotando de agilidad
la comunicación entre los mismos. Y tampoco se alude a la necesidad de equipos
especializados de terapeutas para trabajar con los delincuentes sexuales, ni de
que tipo de control posterior a su salida de prisión tendrán, ni de que otro
tratamiento, ni de la dotación policial especializada, ni de la necesidad de
llevar a cabo un plan integral con las comunidades autónomas de prevención y
alerta en torno a los centros escolares y otras instalaciones o lugares de ocio
que frecuenten niños y niñas, así como los protocolos a seguir por quienes
detecten movimientos sospechosos de potenciales depredadores sexuales y los
pasos a seguir por las Fuerzas de Seguridad del Estado cuando sean alertadas…
Desde
Olga, Miriam, Desirée, Toñi, y esta vez Mari Luz, la presión social empuja
cada vez más al ejecutivo y al legislativo de este país, y ya no pueden seguir
mirando para otro lado. Lo que hace falta es que “las últimas
consecuencias” a las que el presidente interino del Gobierno se viene a
referir, contemplen una solución global del problema y no se queden, como
parece, en un mero parcheo, pues ahí tenemos las
declaraciones del ejecutivo parcializando la solución y las del partido
popular colocando el acento en el endurecimiento de las penas.
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