Patricia Caro
28 de enero 2021
El 8 de septiembre de 2019, Eleazar, un chico gitano con una
discapacidad mental visible del 75%, se perdió en el estadio de El
Molinón (Gijón). Los agentes de seguridad lo agredieron de manera
monstruosa hasta dejarlo sin aliento en vez de ayudarle a encontrar a su
familia. Murió como consecuencia del estrés y la ansiedad que le generó
la paliza. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Gijón
acordó en un auto el 10 de diciembre de 2020 la posibilidad de que
exista un "homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y un
delito contra la integridad moral con respecto a los vigilantes de
Seguridad Privada, y por delito de detención ilegal y a título de
comisión por omisión, por posibles delito de homicidio imprudente, o un
delito leve de lesiones y torturas, a los Policías Locales actuantes".
Sin embargo, la Fiscalía acaba de decir que no cree que exista tal
delito ni responsabilidad.
La Fiscalía forma parte del Ministerio Público y se supone que vela por
los intereses de la sociedad, así que es importante pensar cuál es el
mensaje que nos envía con esta decisión. Si según la Fiscalía la muerte
de Eleazar no se deriva de una intervención violenta, ¿qué hacían más de
10 agentes de seguridad entre personal de vigilancia y policía local
encima de un discapacitado mental? Desde luego, los testigos y pruebas
periciales tienen clara la paliza. ¿Quiere decir entonces que Eleazar
habría muerto el mismo día, a la misma hora, independientemente de la
paliza que recibió a pesar de acreditar la inexistencia de problemas
cardíacos o epilépticos? ¿Quiere decir que a la sociedad no le interesa
que una persona discapacitada pueda recibir una paliza de muerte sólo
porque es gitano y por tanto el delito debe quedar impune?
La detención de Eleazar fue ilegal y desproporcionada. Lo golpearon
reiteradamente causándole erosiones y contusiones en muñecas, rodillas,
nariz, pómulos, cuello, cara, brazos, piernas y la cara superior del
tórax. Todo está acreditado y hay testigos. Si cualquier persona se
pierde (máxime si tiene una discapacidad) la obligación del personal de
seguridad, y de cualquier ser humano con corazón, es acompañarlo con
cariño al lugar donde se encuentran sus familiares en vez de darle una
paliza de muerte. Está claro que esta actuación fue absolutamente
denigrante y se basa en el supremacismo. Ni actuaron con debida
diligencia ni garantizaron su seguridad sólo por una razón: ser gitano.
Varios vigilantes de seguridad contra un discapacitado mental del 75%
visiblemente identificable, metan ustedes la mano en su pecho y juzguen
si este hecho debe quedar impune. Sientan por un momento cómo le faltaba
el aire a Eleazar mientras lo golpeaban y cómo se siente su familia.
Sientan la tristeza y la angustia de perder a un ser querido tan
especial como él, pero sientan sobre todo la injusticia que supone esta
pérdida de una manera tan inmerecida, violenta y absurda.
Sin embargo, las responsabilidades no terminan aquí. La seguridad es un
valor jurídico, político y social que sustentan la libertad y la
igualdad en nuestra democracia, y en este caso la empresa donde
trabajaban estos vigilantes era la encargada de velar por esa seguridad.
Sin embargo, parece que el tribunal olvida dicha responsabilidad
empresarial. Así mismo, el ayuntamiento de Gijón es responsable de
ejercer incorrectamente sus funciones legales, políticas y sociales.
Desgraciadamente, ni siquiera se han puesto en contacto con la familia.
Parece ser que a la alcaldesa le da igual que una persona discapacitada
reciba una paliza de muerte en un estadio de su titularidad y que los
propios policías locales (también bajo su mando) ni siquiera le lean sus
derechos, ¿será porque es gitano?
Además de este sinsentido de consecuencias fatales, es necesario también
pensar cómo el antigitanismo rompe la cohesión dentro de la población
española estableciendo puentes y muros de desconfianza, enfermándonos
como sociedad y como democracia. El 7 de junio de 2020, más de 6.000
personas se movilizaron en España en repulsa al
asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Todo
el mundo que tuviera un mínimo de corazón tiñó de negro sus redes
sociales bajo el hashtag #ICantbreathe (#NoPuedoRespirar) y
#BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan). En Estados Unidos, además
de la movilización y el apoyo masivo,
el ayuntamiento de Minneapolis aprobó desmantelar el departamento de
policía y hubo gestos políticos como el de
los congresistas demócratas que se arrodillaron durante nueve minutos
para homenajear la vida de George Floyd. De momento,
los cuatro policías implicados fueron despedidos e imputados en el caso
y el
policía acusado del asesinato ha quedado en libertad bajo fianza de 1
millón de dólares.
¿Qué ocurriría si George Floyd fuera un gitano español con discapacidad
mental del 75% y el delito hubiera ocurrido en España? Pues ocurre que
la institución judicial encargada de velar por los intereses de la
sociedad española quiere que este delito quede impune, no hay un
tratamiento justo del caso en los tribunales, los vigilantes de
seguridad ni siquiera entran en prisión, las personas que se conmovieron
por la pérdida de la vida de George Floyd no se conmueven de la misma
manera cuando su compatriota gitano y discapacitado es asesinado. No hay
rodillas en tierra en honor a la vida de Eleazar, ni el ayuntamiento se
ha puesto en contacto con la familia. ¿Querrá decir esto que hay más
antigitanismo en España que racismo en Estados Unidos?
La injusticia que sustenta las argumentaciones de la Fiscalía en este
caso nos retrotrae a una sociedad tribal de cientos y cientos de años
atrás en la historia de nuestro país. Depende de todas y todos conseguir
que los tribunales impartan #JusticiaParaEleazar. Necesitamos
instituciones que impulsen el progreso del siglo XXI representando los
intereses de todas y todos independientemente de su cultura o su género.
Nuestra sociedad y nuestra democracia necesita un juicio justo para
Eleazar. Decía Coretta Scott King que la libertad y la justicia no
pueden ser troceadas en partes para ajustarse a la conveniencia y, por
tanto, no se puede defender la libertad para un grupo de personas y
negarla a otros. Tras 60 años de esta afirmación tan fundamental,
¿estarán ya las instituciones y la sociedad preparadas para realidades
más justas?
PRODENI