El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene sobre
su mesa el primer
caso por
robo de bebés en España. Una familia de Málaga ha recurrido a
este organismo seis meses después de que el Tribunal Constitucional
español rechazara el caso. “Nos agarramos a un clavo ardiendo, pero
necesito saber si mi hermano está vivo”, dice Micaela Alcántara
mientras repasa la documentación que conserva relacionada con su
hermano menor.
La mujer, de 50 años y natural
de Antequera (Málaga), lleva media vida pensando que no murió, y
casi un lustro pidiendo en los juzgados que se investigue este
asunto. El bebé nació el 12 de octubre de 1964 en el Hospital Civil
de la capital malagueña. Pasados cuatro días, el personal sanitario
se lo llevó con la excusa de que iban a bañarle y vestirle. Horas
más tarde, le dijeron a su madre que había muerto. “No se lo
quisieron enseñar y le dijeron que ellos se ocupaban de todo”,
cuenta Alcántara.
En el parte de defunción del
centro figuraba como causa de la muerte “debilidad congénita” —el
bebé nació con labio leporino—. Sin embargo, las supuestas
irregularidades en el papeleo posterior provocaron las sospechas de
los padres. La denunciante asegura que en el registro del hospital
se señala que su madre ingresó y salió de alta el mismo día “cuando,
en realidad, estuvo cuatro ingresada”, y que en el Registro Civil
figura que la defunción fue inscrita como “conocido de la familia”
un empleado de una funeraria. “Ni mis padres tenían seguro de deceso
ni tenían ningún conocido en una funeraria”, recalca Alcántara.
A esto se añade que su
enterramiento no figura en los libros de registros del cementerio de
San Rafael de Málaga, donde supuestamente fueron inhumados los
restos del bebé.
La mujer recurrió ante el
Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial de
Málaga archivase su denuncia al considerar prescritos los hechos. El
Constitucional tampoco admitió su recurso de amparo agarrándose a un
formalismo. La resolución judicial explicaba que la demanda no
cumplía con la “ineludible” exigencia de justificar expresamente la
especial trascendencia constitucional del asunto. De este modo, no
se llegó a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, que es la
prescripción que motivó el archivo de la investigación.
“La única esperanza que nos
queda ya es que él —su hermano, que ahora tendría 48 años— se
identifique con su defecto de salud y nos encuentre a nosotros”. Se
refiere a la enfermedad congénita con la que nació su hermano.
Este caso es el primero que
llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo e
ilustra las dificultades con las que se encuentran familias que se
creen víctimas del robo de bebés, fundamentalmente entre los años
cincuenta y ochenta del siglo pasado.
El letrado de la familia y
presidente de la
Asociación
SOS Bebés Robados, Enrique Vila, asegura que ningún tribunal,
tampoco el Constitucional, ha entrado en el fondo del asunto. “Por
eso alegamos ante el Europeo de Derechos Humanos la falta de
recursos efectivos, la nula protección jurisdiccional de mi cliente
y la falta de tutela judicial efectiva”, añade el abogado. En su
opinión, el Estado español “debe actuar en un asunto tan grave como
el de los bebés robados, y tiene que hacerlo a través de los
tribunales para defender el derecho que tienen estas personas a
unirse a sus familiares”.
La denuncia —presentada a
finales de la semana pasada— reclama al Estado el pago de una
indemnización de 15.000 euros anuales y otros mil euros diarios
mientras los tribunales españoles no reabran el caso.
Las diferentes asociaciones de
afectados por las adopciones irregulares tienen registrados unos
1.500 casos de supuestos bebés robados en toda España. Muchas de las
denuncias presentadas están siendo investigadas en los juzgados.
