El
Ayuntamiento de Madrid ha derribado este martes
nueve infraviviendas en el poblado chabolista de
El Gallinero, junto a la Cañada Real Galiana,
donde viven 72 familias de origen gitano rumano.
Fuentes
municipales citadas por Europa
Press, aseguran que existían órdenes de derribo para
dos de estas viviendas y que, posteriormente, las
excavadoras echaron abajo otras cinco construcciones no
destinadas a viviendas y que estaban abandonadas. Sin
embargo, varios voluntarios que trabajan con las familias
del poblado elevan la cifra de derribos a nueve
y aseguran que en todas las construcciones vivían familias.
Según
ha explicado a Público Miguel Ángel Vázquez,
voluntario de la parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas,
estas demoliciones han dejado en la calle a 34
personas, 20 de ellas niños. Patricia Fernández,
abogada de algunas de estas familias, asegura que el
consistorio tenía orden de derribo de dos viviendas -aunque
ningún juzgado se lo había comunicado a las familias
afectadas- y, en ningún caso, para demoler las otras
viviendas.
Vázquez
sostiene que el lunes fueron informados de que operarios del
Ayuntamiento acudirían a las 9.00 horas para tirar un muro
sobre el que Cáritas había elaborado un informe en el que
advertía sobre el riesgo que suponía su mal estado, ya que
éste se encuentra al lado del sanqui, un
prefabricado donde menores que no van a la escuela acuden
para realizar actividades.
Sin
embargo, critica este voluntario, tanto los operarios como
un amplio despliegue policial se
presentaron en el poblado a las 7.30 horas y comenzaron a
derribar el muro, a cambiar de sitio el sanqui y
"aprovecharon la excavadora la tirar las nueve
viviendas, en una muestra de lo poco que le importan a la
Ana Botella (alcaldesa de Madrid) los Derechos
Humanos".
"Esto
es una muestra de lo poco que le importan a la Ana Botella
los Derechos Humanos". Las familias han sido
sacadas de la cama y "200 niños han sido despertados
por policía uniformada, algo inaceptable en
Democracia", critica la abogada de las familias. La
mayoría de las rutas escolares hoy se han ido vacías y todos
los niños estaban presentes cuando han comenzado los
derribos. Según la letrada, tanto en esta ocasión
como en la del pasado 25 de abril, cuando el
consistorio madrileño derribó otras 10 chabolas, la
Policía no permitió el acceso de los voluntarios al
poblado. "Nos preocupan los derribos, pero
especialmente la violencia que genera que un dispositivo
policial te obligue a ver cómo derriban tu casa",
sostiene.
El
poblado chabolista de El Gallinero, aunque está muy cerca
de la Cañada Real, quedó fuera del plan de realojo
planificado para el mismo. Las alternativas planteadas por
el Ayuntamiento para sus pobladores dejan escasísimas
oportunidades para la integración social de sus cerca de
700 habitantes que, en
su mayoría, sobreviven de la mendicidad o la recogida de
basura. La opción planteada por la alcaldesa es
que, o bien acudan a los campamentos habilitados para este
tipo de casos (donde sólo pueden permanecer un máximo de
seis meses en los que deberían de encontrar otra vivienda);
o bien que sean deportados a Rumanía.
"Nos
preocupan los derribos, pero especialmente la violencia que
genera que un dispositivo policial te obligue a ver cómo
derriban tu casa" Según fuentes municipales,
los moradores que hoy han perdido su casa han
rechazado las ayudas del Samur Social y de los recursos
sociales para los habitantes de este lugar, informa Europa
Press.
Es
una práctica habitual del consistorio aprovechar una orden
de derribo de una o dos chabolas para echar abajo unas
cuantas más, critican los voluntarios. La salida que les
queda a estos habitantes es "solicitar amparo judicial
por violación de los derechos humanos y por los derechos
del menor", asegura la abogada Patricia Fernández,
quien asegura que también pondrán, una vez más, esta
situación en conocimiento del Defensor del Pueblo.
PRODENI