El niño llega en patera. La Cruz
Roja examina su estado de salud. La Policía le interroga. Verifica sus
datos personales. Y es enviado a un centro de acogida. Es el prólogo burocrático
al que se enfrenta cualquier menor de edad no acompañado que
atraca en las costas españolas. Su destino es, a partir de entonces, una fórmula
imperfecta de carisma, actitud y azar. Sobre todo azar. La proliferación de
centros de menores en España, la ausencia de cifras oficiales –se
calcula que miles de niños viven bajo la tutela de las CC AA– y la
opacidad organizativa que opera a su alrededor impiden sacar conclusiones genéricas
sobre estas instituciones. Pero hay irregularidades que se suceden de forma
sistemática en todo el territorio nacional.
Hay irregularidades que se suceden de
forma sistemática en todo el territorio nacionalOrganizaciones a favor de los
derechos de la infancia coinciden al denunciar que este tipo de centros ocultan
información a los menores para evitar su nacionalización a pesar de
que la ley permite iniciar el proceso legal a las personas con dos años de
residencia en España. "Sus propios tutores evitan que inicien los trámites
y descartan así la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos españoles",
matiza José Palazón, presidente de la Asociación Prodein. Una conducta que
compromete el futuro de estos niños inmigrantes.
Los jóvenes son obligados a abandonar
la institución al cumplir la mayoría de edad en situación irregular. Son
detenidos por la Policía y expulsados del país. Por
ejemplo, el 85% de los jóvenes inmigrantes en Melilla son deportados una vez
cumplidos los 18 años. El elemento xenófobo y la prevención de conflictos
burocráticos entre los centros y las CC AA podrían ser los principales móviles
de la indiferencia institucional.
Las consecuencias de esta actitud política
multiplica los problemas sociales. Los inmigrantes se escapan de los centros
antes de cumplir los 18 años para evitar ser expulsados. Y los jóvenes
deportados son carne de bajos de camión. Las ONG denuncian la doble
moral de las instituciones. "El Gobierno invierte dinero y
recursos humanos en la manutención y formación de estos jóvenes para después
abandonarlos a su suerte". El colectivo catalán Drari considera que el
Estado debería de proteger a estas personas una vez cumplida la mayoría de
edad aunque fuese "desde el punto de vista egoísta de la
productividad".
Repatriación
Marruecos es el Talón de Aquiles del
conflicto. Las cifras oficiales de niños procedentes del reino alauí
acogidos en España son una incógnita. Pero según datos de Europa Press, sólo
en Andalucía más de 800 niños continúan bajo la tutela de la Junta
tres años después de que el Gobierno español firmase con Marruecos un
acuerdo para agilizar las repatriaciones.
Aplauden que España exija a Marruecos
garantías sociales antes de repatriar a los menores
El tema es arduo y complejo. Las ONG
aplauden que España exija a Marruecos garantías sociales antes de repatriar
a los menores. Pero denuncian la inercia y la desprotección
a la que se ven sometidos los niños. "Hay casos de familias
desestructuradas que no podrían proteger a sus hijos. Pero hay niños que han
viajado voluntariamente sin el permiso paterno que necesitan a sus padres y
sus padres les necesitan. Y, 1.000 días después, siguen a 500 kilómetros de
distancia", matizan desde Drari.
Las ONG denuncian que los niños son el
último filón de negocio político entre ambos países.
Marruecos está 'saturado' de niños de la calle. Así que renuncia a su
protección por ser "entes molestos" y porque económicamente –envían
remesas a sus familias y el dinero entra en el circuito financiero marroquí–
son rentables. Al otro lado del Estrecho, se hace la vista gorda. Y así, las
relaciones diplomáticas no se resienten.
La primera patera infantil
El 15 de septiembre del año pasado llegó
a las costas españolas, en concreto a Tarifa (Cádiz), la primera patera
infantil, tripulada sólo por menores. En ella viajaban seis
niños, todos varones y de origen magrebí. La embarcación era una balsa
hinchable de juguete. Al parecer, cada vez vienen más menores porque saben
que en España no se les devuelve a sus países de origen.
