Los diez cargos del país
sellan este miércoles la Declaración de Tarifa, en la que demandan que se
antepongan la condición de niños frente a la de extranjeros. “Un niño nunca es
un inmigrante”, aseguran.
![Decenas de menores migrantes no acompañados, (menas) duermen en las calles de Ceuta al margen de los sistemas de protección. La ONG Save the Children denuncia que estos niños son tratados como extranjeros y no reciben la protección suficiente.- PEDRO ARME](https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Ffiles%2Farticle_main%2F%2Ffiles%2Fcrop%2Fuploads%2F2018%2F05%2F21%2F5b02dc9c31b49.r_1571243720765.188-218-1842-1071.jpg&t=1571309218&ymreqid=8773429a-c8fb-6cbf-1c13-360001017d00&sig=EUwVWU4RubQLg5Ujroiv7g--~C)
Decenas de menores migrantes no
acompañados, (menas) duermen en las calles de Ceuta al margen de los sistemas
de protección. La ONG Save the Children denuncia que estos niños son tratados
como extranjeros y no reciben la protección suficiente.- PEDRO ARMESTRE/ SAVE
THE CHILDREN
Tarifa 16 de
octubre 2019
Los diez Defensores y Defensoras
del Pueblo de España firman este miércoles una declaración conjunta en la que
exigen a los poderes públicos la puesta en marcha de un plan estratégico
nacional de atención a menores migrantes, denominados por la
administración como menores extranjeros no acompañados (MENA).
El
documento, aprobado en Tarifa tras meses de trabajo conjunto por las
Defensorías del Pueblo, trata de poner de relieve la “infancia frente a la
inmigración” y de asegurar la protección de estos niños y adolescentes que
migran sin la compañía de familiares o responsables mayores de edad. Un plan
en el que prime la atención de una manera coordinada, solidaria, ordenada y
responsable entre los territorios del país.
"Su estatuto jurídico debe ser siempre el de menor de edad,
por encima del estatuto de persona extranjera”
En el
primer punto de la declaración, los defensores han exigido que todas las
decisiones que se adopten con los menores migrantes respondan al interés
superior de los mismos, primando “la condición de niños frente a la condición
de extranjeros”. “Un niño nunca es un inmigrante”, ha declarado el
Defensor del Pueblo andaluz , Jesús Maeztu, durante las jornadas que se
celebran en Andalucía estos 15 y 16 de octubre, donde ha destacado que “un
niño es una persona que por su situación tiene derecho a una especial
protección y tutela de los poderes públicos. A un niño no se le pueden ni
se le deben añadir apellidos como inmigrante o refugiado. Su estatuto jurídico
debe ser siempre y en todos los casos el de menor de edad por encima del
estatuto de persona extranjera”.
En
España se estima que hay 12.300 menores extranjeros que migran solos,
según el registro oficial del Ministerio del Interior. La principal puerta de
entrada de estos chavales es Andalucía, donde están inscritos 5.183 niños;
seguida de Catalunya, con 1.938, y Melilla, con 1.067 niños, según los últimos
datos del Registro MENA, a 30 de abril de 2019.
Reparto equitativo entre regiones
El
reparto y la apuesta de cada comunidad para hacer frente al fenómeno
migratorio ha hecho que los los defensores apuesten por un "reparto" más
equitativo entre las regiones españolas que garantice “la integración” y
han pedido a las Comunidades Autónomas la elaboración de planes de atención a jóvenes
extutelados para evitar que su protección quede interrumpida
automáticamente al alcanzar la mayoría de edad.
Entre
los diez puntos del documento, los defensores han recordado la
“responsabilidad de la Unión Europea y de todas las administraciones públicas
nacionales de establecer un sistema de protección garantista" ante una
política migratoria cuyo “objetivo” según los defensores es “limitar el número
de llegadas de personas”. Maeztu ha señalado que “nos jugamos mucho” en esta
acogida y que se debe entender que la migración “no es una carga” sino “un
beneficio a la sociedad”.
La declaración
de Tarifa pretende además ser un documento pionero firmado por los nueve
Defensores del Pueblo autonómicos y el estatal en el que se garanticen la
acogida, la integración y cooperación frente a la criminalización de los
adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados. Además los responsables de
las Defensorías han asumido en el texto que corresponde a estas “garantizar
las actuaciones” de las distintas administraciones, con responsabilidad en la
atención a estos menores de edad y exigen que “estos niños, niñas y
adolescentes son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección con
independencia del grado de autonomía personal que hayan alcanzado”.
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