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El
85% de los menores inmigrantes son deportados una vez cumplen los 18 años
Diario elfarodigital.es 18/07/2010
En los centros de acogida hay miles de
menores que llegaron solos.- Las ONG’s denuncian que no se les informa de que
pueden nacionalizarse. El niño llega en patera. La Cruz Roja examina su estado
de salud. La Policía le interroga. Verifica sus datos personales. Y es enviado
a un centro de acogida. Es el prólogo burocrático al que se enfrenta cualquier
menor de edad no acompañado que atraca en las costas españolas. Su destino es,
a partir de entonces, una fórmula imperfecta de carisma, actitud y azar. Sobre
todo azar. La proliferación de centros de menores en España, la ausencia de
cifras oficiales –se calcula que miles de niños viven bajo la tutela de las
CC AA– y la opacidad organizativa que opera a su alrededor impiden sacar
conclusiones genéricas sobre estas instituciones. Pero hay irregularidades que
se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional, según denuncia
la asociación melillense Prodein.
Organizaciones a favor de los derechos de
la infancia coinciden al denunciar que este tipo de centros ocultan información
a los menores para evitar su nacionalización a pesar de que la ley permite
iniciar el proceso legal a las personas con dos años de residencia en España.
"Sus propios tutores evitan que inicien los trámites y descartan así la
posibilidad de que se conviertan en ciudadanos españoles", matiza José
Palazón, presidente de la Asociación Prodein. Una conducta que compromete el
futuro de estos niños inmigrantes.
“Los jóvenes –prosigue Palazón- son obligados a abandonar la institución
al cumplir la mayoría de edad en situación irregular. Son detenidos por la
Policía y expulsados del país. Por ejemplo, el 85% de los jóvenes inmigrantes
en Melilla son deportados una vez cumplidos los 18 años. El elemento xenófobo
y la prevención de conflictos burocráticos entre los centros y las CC AA podrían
ser los principales móviles de la indiferencia institucional”, concluye el
presidente de Prodein.
Además, tal cual señala Palazón, “las consecuencias de esta actitud política
multiplica los problemas sociales. Los inmigrantes se escapan de los centros
antes de cumplir los 18 años para evitar ser expulsados. Y los jóvenes
deportados son carne de bajos de camión”.
Las ONG denuncian por todo ello “la doble moral de las instituciones”.
"El Gobierno invierte dinero y recursos humanos en la manutención y
formación de estos jóvenes para después abandonarlos a su suerte".
Prodein considera que el Estado debería de proteger a estas personas una
vez cumplida la mayoría de edad aunque fuese "desde el punto de vista egoísta
de la productividad".
Repatriación
Marruecos es el Talón de Aquiles del conflicto. Las cifras oficiales de niños
procedentes del reino alauí acogidos en España son una incógnita. Pero según
datos de Europa Press, sólo en Andalucía más de 800 niños continúan bajo la
tutela de la Junta tres años después de que el Gobierno español firmase con
Marruecos un acuerdo para agilizar las repatriaciones.
El tema es arduo y complejo. Las ONG aplauden que España exija a Marruecos
garantías sociales antes de repatriar a los menores. Pero denuncian la inercia
y la desprotección a la que se ven sometidos los niños. "Hay casos de
familias desestructuradas que no podrían proteger a sus hijos. Pero hay niños
que han viajado voluntariamente sin el permiso paterno que necesitan a sus
padres y sus padres les necesitan. Y, 1.000 días después, siguen a 500 kilómetros
de distancia", matizan las Ong’s.
Las ONG’s denuncian que los niños son el último filón de negocio político
entre ambos países. “Marruecos está 'saturado' de niños de la calle. Así
que renuncia a su protección por ser "entes molestos" y porque económicamente
-envían remesas a sus familias y el dinero entra en el circuito financiero
marroquí– son rentables. Al otro lado del Estrecho, se hace la vista gorda. Y
así, las relaciones diplomáticas no se resienten”.
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