La Fiscal cree que la Junta
debió publicar solo las iniciales de los objetores a EpC
Diario ABC 7/10/2008 abcdesevilla.es
M.B. Sevilla
La Fiscalía de Sevilla no tiene
previsto actuar de oficio como han sugerido algunos de los padres ante la
publicación de una lista de 81 objetores de Educación para la Ciudadanía en
el BOJA del pasado 1 de octubre.
Sin embargo, ayer la fiscal jefe de
Sevilla, María José Segarra, tildaba de «falta de delicadeza» el hecho de
que la consejería de Educación decidiera publicar los nombres de los padres
y los hijos en el BOJA para notificarles la resolución en contra de la objeción
a EpC. «Parece más lógico que hubiera publicado las iniciales», indicó la
fiscal jefa haciendo hincapié en que podrían haber utilizado la fórmula de
poner los nombres de los progenitores y las iniciales de los menores.
Todos
los organismos públicos
Una fórmula que, según recordó,
emplean normalmente todos los órganos públicos cuando se trata de temas que
afectan a menores.
Y es que, aunque para Segarra, no hay
objeción penal para iniciar una actuación de oficio, considera que esa
publicación puede afectar «a la intimidad de los menores». Por ello,
Segarra insistió en que «podrían haberlo hecho de otra forma» y consideró
lógico que el Defensor del Pueblo haya abierto una queja de oficio. En
cualquier caso, si los padres de los niños cuyos nombres han salido en el
BOJA deciden llevar el caso a la Fiscalía de Menores, Segarra lo estudiará.
De hecho, la propia Fiscalía de Sevilla
tiene una instrucción del Fiscal General del Estado que resalta que debe
prevalecer el derecho al honor, intimidad y propia imagen del menor y que
recuerda que en sentencias, edictos o resoluciones debe omitirse datos como
nombres, apellidos y domicilio de los menores o cualquier otro dato que
permita su identificación. En cualquier caso, aunque la Junta insistiera en
que publicó los nombres de estos niños porque no había podido notificarles
la resolución, el propio Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, abrió
el pasado viernes una queja de oficio y pidió a la consejería de Educación
explicaciones sobre el tema. Y mientras los padres, que siguen indignados por
la citada publicación, estudian cual será su repuesta.
También el secretario general del PP-A,
Antonio Sanz, anunció que exigirá al Gobierno de Manuel Chaves «responsabilidades»
en el pleno de esta semana por una decisión que considera propia del «sectarismo»
del PSOE y de su «obsesión por el adoctrinamiento político».
Prodeni cree
que la Junta vulnera su propia Ley de Protección del Menor
La Asociación Proderechos del Niño y la Niña, Prodeni, considera que con la
publicación en el BOJA, la Junta de Andalucía esta vulnerando su propia Ley
de Protección del Menor. Según el portavoz de Prodeni, José Luis Calvo,
llama la atención que «por un lado la Junta va contra toda la publicidad y
la información que afecta a menores y, por otro vulnera esa propia Ley».
Calvo dijo que habría que preguntarle a la consejera de Igualdad, Micaela
Navarro, qué tiene que decir sobre el tema porque lo que se ha publicado «no
es que le hayan dado un premio a esos niños, sino que los han puesto para
decir que son los hijos de los padres que han objetado; los están señalando
y eso no está bien». Calvo aseguró que familiares de los niños les
llamaron hace unos días y Prodeni les indicó que acudieran a la fiscalía de
menores.
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